Bonig hará una gestora en el PP de Valencia si ratifican las imputaciones

La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, nombrará una gestora para dirigir el partido en la ciudad de Valencia si se confirman los cargos contra el portavoz y presidente local, Alfonso Novo, y el resto de integrantes del grupo municipal. Bonig intenta atajar la grave crisis desatada en su partido tras las detenciones realizadas en el marco de la Operación Taula, que implica al PP local, provincial y regional en un supuesto delito de financiación ilegal.

La dirigente popular ha comparecido hoy, dos días después de desarrollarse la operación policial, tras ser detenidas 24 personas, entre las que se halla el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, por la trama de corrupción detectadas en varias Administraciones valencianas. Desde las detenciones, los populares están conmocionados y buscan cómo articular un discurso coherente. Bonig, que acostumbra a intervenir de manera activa en las redes sociales, no lo hace desde que se inició la operación policial.

Junto a los detenidos, hay otros cinco investigados (imputados) entre los que figura Novo, que el miércoles fue suspendido cautelarmente de vigilancia en el PP hasta que declare ante el juez. Novo ya declaró el miércoles en la Comandancia de la Guardia Civil.

"Hay que esperar a que Novo declare ante el juez. Si después de hacerlo sigue imputado se le pedirá que renuncie al acta y a la presidencia del PP local, pero si sale sin ningún cargo seguirá al frente", ha dicho la dirigente regional del PP.

Junto a Novo, también van a ser llamados a declarar como investigados todos los integrantes del grupo municipal del PP que, supuestamente, realizaron donaciones que les fueron devueltas en dinero negro y contribuyeron al sistema de blanqueo de las comisiones ilegales recaudadas.

Demandas civiles contra afiliados corruptos

La presidenta del PPCV, ante la gravedad del un escándalo que ha tachado de "repugnante", ha anunciado que el partido presentará demanda civil contra todos sus cargos condenados por corrupción, una vez haya sentencia firme, para reclamar una indemnización por daños y perjuicios causados a la imagen de la organización.

Tras pedir "perdón por los errores que se han cometido", Bonig ha recalcado que su partido ya ha iniciado un proceso de regeneración que no tiene vuelta atrás y mantendrá una actitud de tolerancia cero a la corrupción.

El dinero que se pueda obtener con las demandas contra los militantes del partido condenados por corrupción se destinará a fines sociales, según ha indicado Bonig, que ha explicado que los servicios jurídicos del partido ya están estudiando la demanda contra el exconsejero Rafael Blasco, en prisión tras ser condenado por el caso Cooperación.

Bonig ha explicado que Génova conoce sus propuestas y que tiene el apoyo absoluto de la dirección nacional del PP.