El nuevo presidente del TSJC prevé “dificultades” con la Generalitat

El nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos Pacho, vaticina “dificultades” para mantener relaciones normales con el presidente de la Generalitat y con el Parlament. Así consta en el informe que envió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como candidato a la presidencia. Barrientos alerta de que el “escenario político resultante” tras las elecciones autonómicas del 27-S “hace prever serias dificultades en el mantenimiento de los cauces normales de la relación institucional”. El magistrado alude veladamente al texto de ruptura aprobado por la Cámara autónoma el pasado 9 de noviembre y a la posibilidad de que se desoigan las leyes.

Nacido en León y casado con una funcionaria, Barrientos se ha marcado como objetivo “agilizar los procesos más complejos”, especialmente los “relacionados con la corrupción política”. Miembro de la Asociación Francisco de Vitoria -una suerte de tercera vía entre las asociaciones progresistas y conservadoras- Barrientos sustituirá en el cargo a Miguel Ángel Gimeno, que lo ha ejercido los últimos cinco años. Suya será, entre otras, la tarea de impulsar la causa por la consulta independentista del 9-N, que está en la última fase de instrucción. En su escrito al Poder Judicial, Barrientos afirmó que se compromete a mantener una “defensa a ultranza” de las decisiones de los jueces en Cataluña para que éstos no se sientan “perturbados en la toma de decisiones”.

Barrientos comenzó a ejercer como juez hace 31 años en el municipio leonés de Astorga, pero su carrera siempre ha estado muy ligada a Cataluña. Preside la Sección Octava (penal) de la Audiencia de Barcelona desde el año 2002 y, hace un año y medio, fue nombrado miembro de la sala civil y penal del TSJC. Ha participado, entre otras causas, en el juicio al exdiputado de Convergència i Unió y exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo, condenado a nueve años y medio de inhabilitación por dar trato de favor a un empresario ruso a cambio de dádivas. Barrientos votó a favor de condenar a Crespo (opción que se impuso) por un delito de prevaricación, lo contrario que Gimeno, que presidía la sala.

En la decisión del CPJG ha pesado el perfil moderado de Barrientos. Gimeno, de la progresista Jueces por la Democracia, se había presentado a la reelección pero había perdido, según fuentes judiciales, el favor de la mayoría conservadora del CGPJ. Y en particular de su presidente, Carlos Lesmes, que le atribuye cierta pasividad a la hora de tramitar la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por organizar la consulta del 9-N pese al veto del Tribunal Constitucional. El TSJC tardó nueve meses en citar a Mas desde que se tramitó la querella. Barrientos tomará ahora el relevo para dar impulso a la causa del 9-N, que se halla en la fase final de instrucción.

El tercer candidato de la terna era el presidente de la Audiencia de Girona, Fernando Lacaba, que en principio partía con ventaja al pertenecer a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). La fuerte personalidad de Lacaba, sin embargo, ha despertado recelos y resistencias por parte de algunos vocales.

Compañeros de profesión y abogados coinciden en retratar a Barrientos como “un buen procesalista”. El nuevo presidente del TSJC es “muy estricto, e incluso duro” en sala y se caracteriza por dictar resoluciones “sensatas, bien argumentadas”. Según consta en su currículum, Barrientos ha trabajado como consultor tanto de la Unión Europea como de la Agencia Española de Cooperación Internacional en países como Colombia, Panamá o El Salvador. También ha ejercido como profesor de Derecho Penal en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es autor de casi una veintena de publicaciones sobre derecho penal y procesal.

Barrientos tiene experiencia en la gestión como miembro de la Sala de Gobierno del TSJC (desde 2009). En su programa de actuación, el magistrado plantea de entrada identificar “los puntos débiles” para mejorar el funcionamiento de la justicia en Cataluña. Los juzgados de la comunidad autónoma, indica el magistrado, “adolecen históricamente de un número elevado de vacantes”, sobre todo en los juzgados “alejados de la capital”, por lo que pide un “incremento del número de plazas”.

El magistrado también alude a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita los plazos para instruir los procesos judiciales. Esa reforma, subraya, “obligará a acometer planes urgentes de descongestión de asuntos penales”. Barrientos apuesta por agilizar los procesos vinculados a la corrupción porque son los que “están incidiendo más directamente en la credibilidad del sistema de justicia” y donde “se pone en evidencia la precariedad de medios e instrumentos” de investigación.

Sobre la Sala Civil y Penal (que es la que tramita asuntos como la querella por el 9-N), Barrientos critica que dos de los cinco magistrados que la integran “han accedido a la magistratura a propuesta del Parlamento” catalán. “En una sociedad hipersensibilizada políticamente como es la catalana actual, deberá evitarse que magistrados que han sido propuestos por una determinada opción política asuma el conocimiento individual de causas que pueden comprometer los intereses de esa misma opción política”, señala. El objetivo es, señala, “preservar la apariencia de neutralidad”.