Los pasos hasta la (posible) imputación de Rita Barberá

La investigación de la Operación Taula, centrada en una supuesta trama de corrupción vinculada al PP de la Comunidad Valenciana, apunta a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, aseguran fuentes de la misma. La exregidora, que ha rechazado las irregularidades, es ahora senadora y aforada ante el Tribunal Supremo, el único que puede tomarle declaración en calidad de imputada (investigada en la nueva denominación oficial). Fuentes cercanas al caso creen que el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia esperará a tener más avanzada la causa antes de decidir si envía una exposición razonada de motivos al alto tribunal para que la impute. En plazos judiciales ello significa como mínimo meses, aseguran.

Es lo mismo que ha sucedido en otras causas recientes con aforados, como los ERE de Andalucía, el caso Nóos y el caso Blasco. La razón es que el Supremo y los tribunales superiores de las comunidades con competencia sobre aforados exigen a los magistrados que lleven casi hasta el final la instrucción de una causa antes de remitirles sus exposiciones razonadas.

El Supremo plasmó en un auto judicial de 2012 esta condición: "Primero, que se depuren cuantas diligencias de investigación sean necesarias para completar la investigación. Y, en segundo lugar, que al hilo de lo anterior aparezcan indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas o verosímiles de la participación del aforado en los hechos objetos del proceso. Será entonces y solo entonces cuando proceda enviar la correspondiente exposición razonada".

Uno de los motivos, señalan fuentes judiciales, es que ni el Supremo ni los tribunales superiores de las comunidades con competencias sobre aforados están diseñados como órganos de instrucción de causas judiciales. Y solo en contadas ocasiones —como en la vertiente valenciana de Gürtel— se hacen cargo de ellas.

Finalizar la instrucción de una causa con 29 imputados como la de la Operación Taula exigirá tiempo. Solo la toma de declaración a los investigados —salvo que la mayoría de ellos se acojan a su derecho a no declarar— llevará días. Y cada paso procesal a partir de ese momento podrá ser recurrido por imputados y acusaciones.

La juez de Sevilla Mercedes Ayala tardó cuatro años, desde el inicio de la investigación de los ERE, en solicitar al Supremo la imputación de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El juez de Palma José Castro esperó dos años para presentar la exposición razonada de motivos al Tribunal Superior valenciano solicitando que Barberá y el exjefe del Consell Francisco Camps fueran inculpados desde que inició la investigación de Nóos.

Y la juez instructora de Valencia Nieves Molina aguardó ocho meses para elevar la solicitud de imputación del entonces diputado regional Rafael Blasco desde la redada policial en la que fueron detenidos el resto de miembros de la trama que se apropió de fondos de la cooperación al desarrollo.