La quiebra del Grupo Álvarez llega a juicio 15 años después de su cierre

La quiebra del Grupo de Empresas Álvarez (GEA), que llegó a ser el primer grupo cerámico de España, llegará a los tribunales los días 27, 28 y 29 de enero, con el juicio que se celebrará en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo) y que sentará en el banquillo a José Orozco R.M., los hermanos Mariano y Francisco J.A., y a Enrique Fidel T.H., acusados de alzamiento de bienes por vaciar el grupo de su patrimonio.

Los hechos se remontan a principios de los años 90, cuando el Instituto Nacional de Industria (INI) vendió GEA a la sociedad valenciana Estudesa, cuyos responsables "concibieron la idea de obtener un beneficio patrimonial ilícito" transfiriendo patrimonio de GEA a Estudesa y a otra sociedad de la que era accionista, según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación.

Para ello, fundaron Vanosa en 1993, una firma cuyo capital era la finca del grupo en la parroquia viguesa de Cabral. Usando esa finca como garantía hipotecaria, solicitaron un crédito de 450 millones de las antiguas pesetas al Banco Exterior (2,7 millones de euros) que luego no devolvieron, por lo que la entidad financiera se quedó con los terrenos.

En 1996, los responsables de Estudesa vendieron el grupo a otro empresario valenciano, Enrique Fidel T.H., con el que llegaron a un acuerdo para que no hubiera reclamaciones mutuas de deuda entre Estudesa y GEA.

La Fiscalía considera a los cuatro acusados autores de un supuesto delito de alzamiento de bienes, y pide para cada uno de ellos 3 años de cárcel y multa de 15.000 euros.

El grupo GEA , creado en los años 20 por un ourensano retornado de Cuba, llegó a tener más de 5.000 empleados, cinco plantas de producción y más de 30 puntos de venta en toda España, especializados en loza, porcelana, vidrio y cerámica.

Empresas Álvarez entró en crisis a mediados de los años 70, debido a la acumulación de deudas, la mala gestión y la competencia de otras empresas. En 1976 pasó a manos del INI y, en los 20 años siguientes, fue cambiando de dueños sin que su situación económica mejorase, sino todo lo contrario.

Las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, la incertidumbre sobre su futuro y las protestas de los trabajadores, muchos de los cuales fueron despedidos, desembocaron en lo inevitable: GEA entró en suspensión de pagos en 1997. La producción se mantuvo, no obstante, hasta octubre de 2001, pero esta industria nunca recuperó sus niveles de producción, facturación y empleo.

Los exempleados de GEA se reunieron en varios grupos y lograron hacerse con los terrenos de la empresa en subasta judicial. Posteriormente, cada uno de los tres grupos constituidos vendió la parte del patrimonio que le había correspondido a una promotora inmobiliaria distinta.

El pago por esas fincas también ha estado rodeado de polémica e inmerso en procesos judiciales, ya que los terrenos se abonaron como suelo industrial, y el Plan General de 2008 los recalificó para uso residencial. Los trabajadores reclaman que se les pague la diferencia de valor.