Una nueva ola de sospechas de corrupción alcanza al PP valenciano

Las novedades en las investigaciones sobre supuesta corrupción que marcaron los últimos años de poder del PP en las grandes Administraciones valencianas parecían haber llegado a su fin. Pero las revisiones internas puestas en marcha por los nuevos gobernantes y el avance de las pesquisas, iniciadas en algunos casos hace años, han devuelto a la actualidad la sospecha de irregularidades en la gestión de los fondos públicos realizada en los últimos años en la Comunidad Valenciana.

Algunas de estas causas ya han pasado a manos de los jueces. Como la etapa de Consuelo Ciscar al frente del IVAM o la de Sergio Blasco, sobrino del condenado Rafael Blasco, en el Hospital General de Valencia. Otros se encuentran en una fase anterior, como los sobrecostes en los colegios en los que incurrió la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Sociedad Anónima (Ciegsa). O la gestión de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que va a ser analizada por parte de una auditora externa después de que los nuevos responsables hayan encontrado irregularidades en el pago de cientos de horas extra en los últimos siete meses.

Mientras se juzga Fitur, la única gran pieza del caso Gürtel que se ha quedado en Valencia, y se espera la sentencia de Terra Mítica, el primero de los escándalos que afectó a la Administración popular, en dos semanas se han abierto juicios orales contra cerca de 20 excargos públicos.

De un lado, contra el expresidente del puerto de Valencia, Rafael Aznar, y varios subordinados. Y del otro, contra tres exconsejeros y numerosos excargos intermedios de la Generalitat por la adjudicación de contratos a dedo a la red de Francisco Correa. En este último proceso se sentará también en el banquillo Vicente Farnós, que sigue siendo, como Consuelo Ciscar, miembro del Consell Valencià de Cultura.

Desde de que empezó 2016, además, han aumentado las detenciones en el caso Castellano, que toma el nombre de Serafín Castellano, el que fuera delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, exconsejero y ex secretario general del PP regional. Se han iniciado las declaraciones en el caso Formula 1, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Francisco Camps.

Y la Fiscalía ha obtenido una prórroga para investigar los gastos de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, el conocido como Ritaleaks, que incluyen viajes de la exregidora y sus escoltas para ir a reuniones de su partido, y noches de hotel de hasta 700 euros. En total, 278.000 euros durante la pasada legislatura.

Existen además tres investigaciones de calado, alguna de ellas iniciada hace más de un año, en las que se esperan novedades en los próximos meses. Se trata de la investigación sobre los sobrecostes en la construcción de la ampliación de Feria Valencia, la realizada sobre la gestión del Palau de les Arts y la que afecta a la Diputación de Valencia y a su expresidente, Alfonso Rus.

La Generalitat como acusación

Una novedad en los casos de supuesta corrupción es la decisión del Consell de personarse como acusación en las causas judiciales. Lo ha anunciado esta semana respecto al caso del IVAM. Y lo está ejecutando en otros procedimientos como el de la Fórmula 1, el del instituto tecnológico Aido y las subvenciones a la patronal de las escuelas concertadas.

"A diferencia de otras épocas, desde la Abogacía de la Generalitat no vamos a dudar en seguir personados para reclamar lo que es de todos los ciudadanos y que fue a parar al bolsillo de unos pocos", ha afirmado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

La Generalitat ya estaba personada en algunas causas de corrupción, como los casos Cooperación, Emarsa o Nóos, aunque en este último caso solo ejerce acciones civiles, no penales. La diferencia ahora es que ahora la entrada en las causas judiciales se plantea de forma sistemática en aquellos casos en los que haya indicios de desaparición de fondos públicos.