Castigo a la creación: ¿Pensión o derechos de autor?

Seguimos inmersos en una crisis económica que corre el peligro de cronificarse. Oxfam Intermón alerta que 20 personas en España poseen la misma riqueza que el 30% de la población; una población que ve cómo su precariedad aumenta, y su esperanza de alcanzar una vida digna y autónoma se reduce hasta convertirse en una meta imposible. Mientras la desigualdad crece, la avalancha de noticias sobre corrupciones y corruptelas no cesa.

Hay que modificar la cultura imperante y el paradigma económico, adoptar nuevos valores sociales, establecer nuevas prioridades y apostar con firmeza por la creación y el conocimiento como bases estables de una sociedad que aspira a ser más solidaria, justa y sabia, y también más respetuosa con la naturaleza.

Sin embargo, cuesta ser optimista cuando las medidas legislativas van en la dirección contraria. Durante los últimos años hemos visto cómo los recortes más drásticos, los mayores desprecios, los impuestos más abusivos, como el IVA cultural, se dirigían de manera empecinada contra el colectivo de creadores y artistas.

Ahora se hacen patentes los efectos de una nueva medida, herencia de la reforma de la Ley de Pensiones que entró en vigor en 2013, que condena a los creadores mayores de 65 años a elegir entre cobrar la pensión por la que han cotizado o seguir ejerciendo su actividad literaria, artística o científica, y percibir los derechos de autor.

Se manda a la jubilación a los escritores, músicos, cineastas y artistas más veteranos, que en muchos casos se encuentran en la plenitud de su capacidad intelectual o expresiva.

Las medidas aplicadas atentan contra los derechos individuales, y contra la difusión de la Cultura y la Ciencia como bienes sociales de interés general. Vemos cómo se persigue, se fiscaliza y se tilda de estafadores a autores relevantes, entre ellos varios premios Cervantes, que deberían ser conocidos por su obra y no por tener que abonar una multa o una deuda; o los autores anónimos que han esperado su jubilación para dedicarse a escribir o quienes en plena madurez reciben un premio tardío, que no pueden cobrar sin ver amenazada su pensión.

Esta disyuntiva entre la pensión y una retribución por actividad profesional incurre en una clara injusticia legislativa.

En primer lugar, los derechos de autor suelen corresponder a obras realizadas con anterioridad a la edad de jubilación, siendo una penalización retroactiva. En segundo lugar, esa misma administración no devuelve las cotizaciones abonadas durante tantos años, que pasan a las arcas del Estado sin ofrecer una compensación. En tercer lugar, las liquidaciones de derechos anuales que las editoriales pagan a los autores son actividades estrictamente legales, con la correspondiente retención y declaradas ante Hacienda. En cuarto lugar, se censura la capacidad intelectual y creativa de las personas mayores, condenándolas al silencio, y se castiga al conjunto de la sociedad privándola de su talento y sus conocimientos.

No hablamos de cantidades desmesuradas, como las cobradas indebidamente o defraudadas por tantos corruptos o las pensiones millonarias que algunos se han arrogado. La obligación de elegir entre la pensión y la actividad creativa existe cuando el autor supera el salario mínimo interprofesional, es decir, 9000 euros anuales o 750 euros al mes, con la suma de los cursos, artículos, conferencias y derechos de autor que su obra le genere.

Se puede compatibilizar una pensión con la percepción de intereses bancarios, con ganancias en bolsa, con ingresos de alquileres, y un largo etcétera. Los creadores, sin embargo, no pueden compatibilizar su pensión con la continuidad de su obra. Una medida que solo existe en España, como si aquí nos sobraran la creatividad y el talento.

En la novela Lección de alemán de Siegfried Lenz, un policía recibe órdenes, durante el régimen nazi, de impedir que un pintor, ilustre representante de lo que entonces se llamaba «arte degenerado», siga pintando. El pintor, naturalmente, sigue pintando a escondidas, pero el policía quema las pinturas que descubre.

Esperemos que escritores, artistas y científicos sigan creando a escondidas, y que sus obras vean la luz algún día, cuando la injusta ley que las obliga a permanecer en la oscuridad sea revocada.

Ana Noguera y Vicente Muñoz Puelles son miembros del Consell Valencià de Cultura