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El Síndic detecta irregularidades en la gestión del sobrino de Blasco

Dimitió en 2014 como gerente del Hospital General de Valencia investigado por la justicia

El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, a la derecha, junto al dimitido gerente Sergio Blasco, en una imagen de archivo. Ampliar foto
El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, a la derecha, junto al dimitido gerente Sergio Blasco, en una imagen de archivo.

El último informe del Síndic de Comptes ha detectado irregularidades en la gestión del Hospital General de Valencia, al frente del cual estuvo hasta noviembre 2014 Sergio Blasco, sobrino del exconsejero e histórico líder político valenciano Rafael Blasco, ahora en prisión por malversar fondos destinados a la cooperación internacional.

Algunas de las irregularidades advertidas por la Sindicatura, órgano fiscalizador del sector público valenciano, se refieren a contratos con empresas que fueron denunciadas por Esquerra Unida a la Fiscalía Anticorrupción, por la supuesta existencia de una trama. El ministerio público llevó posteriormente el asunto al juez, que abrió una investigación. Sergio Blasco renunció al trascender que estaba siendo investigado.

La denuncia señalaba la existencia de una red de empresas que contrataban con el hospital, o eran proveedoras de estas adjudicatarias, y estaban relacionadas entre sí a través de participaciones cruzadas y de una misma persona, Francisco Escandell Vila, natural de Alzira, como la familia Blasco.

Escandell Vila ocupaba distintos cargos societarios en estas mercantiles, algunas de las cuales compartían sede y no tenían trabajadores, pese a que su oficio conocido había sido el de electricista especializado en ascensores. En 2012, Escandell Vila vendió su participación en una de las empresas denunciadas a un hermano de Sergio Blasco, gerente del centro sanitario.

El informe dedica un amplio análisis a uno de los contratos más cuantiosos del hospital, el de la "gestión integral de la logística", que fue incluido en la denuncia de EU asumida más tarde por la fiscalía. Su importe de entrada superaba los 10 millones de euros, pero la Sindicatura advierte ahora que fue renovado y ampliado sin que se atendieran las normas que regulan la contratación del sector público.

El contrato se firmó en 2007 por 12 años cuando según la ley el plazo máximo para este tipo de acuerdo "es de cuatro años, transcurrido el cual debería haberse sometido a una nueva licitación". Tampoco se incluyó en los pliegos "la forma de valoración" de los apartados de oferta económica ni el de mejoras. En 2009 el hospital amplió el contrato para que abarcara la recogida de residuos por un importe máximo de 2,1 millones. Tres meses después, al formalizar el contrato se hizo por importe de 3,1 millones.

La Sindicatura censura el proceder del centro sanitario. "La ampliación del objeto contractual no obedece a necesidades nuevas o causas imprevistas" y trata sobre "prestaciones distintas", por lo que debieron haber sido "licitadas de forma independiente".

El órgano fiscalizador también reprende la contratación de dos obras. La primera fue la de un nuevo edificio quirúrgico en el hospital, en 2014. Los pliegos del concurso no contenían "ninguna fórmula" para valorar la oferta económica. Ni incluyeron los criterios que se tendrían en cuenta para valorar los otros dos apartados de la convocatoria: el "plan de ejecución", que puntuaba un 30%, ni las "mejoras", un 20%.

La segunda obra, de finalidad docente, fue encomendada por el hospital a su Fundación Hospital General Universitario para la Investigación Biomédica, Docencia y Desarrollo de las Ciencias de la Salud. La Sindicatura considera que esta fórmula fue "improcedente legalmente" porque esta fundación carece de capacidad legal para contratar este tipo de trabajos. "Además, la fundación no tiene por objeto construir edificios, ni cuenta con medios idóneos para ello, por lo que difícilmente puede actuar como medio propio a dichos efectos".

Tampoco quedó "acreditado el control y seguimiento" por parte del hospital de "la adecuación a las normas de contratación pública" de la Fundación de Investigación a la hora de llevar a cabo las obras.

La Sindicatura considera irregular la situación de otra fundación creada por el hospital. Se trata de la Fundació Hospital Reial i General de la Comunitat Valenciana. El Protectorado de Fundaciones de la Generalitat "observó diversas deficiencias" en las cuentas presentadas por esta entidad relativas a los ejercicios 2009 y 2010. A fecha del informe, estas cuentas no habían sido reformuladas, ni se habían presentado tampoco "las comprendidas entre 2011 y 2014".