Parla solicita al Gobierno declarar ilegítima la deuda del rescate

El Pleno del Ayuntamiento de Parla ha aprobado este viernes solicitar al Gobierno nacional que declare ilegítima la parte de la deuda municipal correspondiente a cada ciudadano del municipio por el rescate financiero a la banca acometido por el Estado. El objetivo es conseguir una quita. Según Cambiemos Parla, grupo del que ha partido la iniciativa apoyada por PP, Mover Parla e IU y la abstención del PSOE, "la ayuda per capita a los bancos ha sido de 2.323 euros por habitante", por lo que al municipio le correspondería una quita de 153.798.700 euros.

Parla es el municipio español de más de 100.000 habitantes con mayor deuda por habitante, con 2.869 euros por vecino, según datos del Ministerio de Hacienda en julio de 2015. En el mismo Pleno, el Consistorio parleño también ha solicitado al Gobierno que regule el concepto "vivienda desocupada" para que pueda aplicar un recargo del 50 % en el IBI a las casas que son propiedad de "entidades financieras, promotoras y constructoras de viviendas". La moción ha sido presentada por IU, cuyo portavoz, Jesús Saiz, ha indicado que su objetivo no es tanto recaudatorio como la búsqueda de una fórmula para que "se pongan en el mercado viviendas que están desocupadas, tanto a la venta como en alquiler, a precios asequibles".

Saiz ha indicado que, "según diferentes organizaciones de la ciudad, en Parla hay entre 3.000 y 4.000 las viviendas vacías, la mayor parte en manos de entidades financieras". El concejal de Hacienda, José Manuel Zarzoso (PP), ha recordado que el recargo del 50% lleva vigente tres años en la localidad, pero que no es posible aplicarlo por la falta de legislación supramunicipal. Zarzoso ha justificado la medida y ha indicado que "una Ley que lo permita incentivará que los bancos saquen, como alquileres sociales o venta con precio más barato, todas las viviendas que están paradas en nuestra ciudad".

El PP, que gobierna en minoría en Parla, también ha apoyado junto al resto de grupos de la Corporación otra solicitud al Gobierno, esta instándole a derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada durante la recién terminada legislatura por el Ejecutivo de Rajoy.