Barcelona impone una cláusula social a los bancos que cobran sus recibos

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprovechado la nueva firma del convenio con las entidades bancarias que cobran los recibos, tasas, precios públicos o multas municipales para introducir una nueva “cláusula social”. La disposición, que afecta a un total de siete entidades, establece que el Consistorio “se reserva el derecho de denunciar unilateralmente” el convenio “en caso de que la entidad financiera lleve a cabo actuaciones en el ámbito social contrarias a la estrategia del Gobierno de la ciudad”. El convenio también fija una rebaja del 14% en las comisiones que el Ayuntamiento paga a estas entidades bancarias. Con ello se calcula que la ciudad se ahorrará unos 234.000 euros durante este ejercicio.

La alcaldía que lidera Ada Colau, que como fundadora y portavoz de la PAH se enfrentó a los bancos que desahucian, subraya que es la primera vez que se introduce una cláusula así “que pretende que la política financiera del Ayuntamiento esté vinculada a las prioridades y sensibilidades del Gobierno”.

La decisión de modificar el “Protocolo para la prestación de servicios de cobro de tributos, precios públicos y multas” se tomó durante la reunión del equipo de Gobierno del pasado 28 de diciembre. El anterior convenio vencía a finales de 2015 y las modificaciones introducidas forman parte de la práctica sobre la que advirtió Barcelona en comú al llegar al poder: revisar contratos, convenios y adjudicaciones.

“Con este acuerdo el nuevo Gobierno municipal demuestra que es posible introducir cambios en relación a la administración con las entidades bancarias y presionarles para que sean más comprometidos”, afirma el primer teniente de alcalde y responsable de Economía, Gerardo Pisarello. “La política financiera del Ayuntamiento no puede ser ajena a las prioridades sociales que expresa el gobierno, cuando por otro lado se les presiona o reclama que colaboren, por ejemplo, en materia de vivienda”, añade.

Por ahora Colau no ha conseguido que las entidades financieras le cedan viviendas vacías. Al llegar al poder en verano pasado, la alcaldesa se reunió con los principales bancos y la Sareb en un intento de firmar la paz y que le cedieran pisos vacíos. Por ahora, la única entidad que ha cedido pisos, 200, ha sido el banco malo, que gestiona los activos tóxicos del ladrillo.

Esta cesión de viviendas llegó tras la amenaza del Ayuntamiento de reclamarlos por la vía judicial en aplicación de lo que establece la ley que surgió tras la Iniciativa de Legislación Popular de la Emergencia Habitacional y la Pobreza Energética. Esta norma prevé que la Administración fuerce la cesión de pisos vacíos a los grandes propietarios.

Las siete entidades autorizadas a cobrar recibos municipales son todas de un tamaño notable, porque el convenio fija que deben tener al menos 50 oficinas en la ciudad y 10 millones de euros en recibos domiciliados. Se trata de CaixaBank, BBVA, CatalunyaCaixa, Banc Sabadell, Banco Popular, Bankia y Santander.

El nuevo protocolo también establece una rebaja del 14% en las comisiones que el Ayuntamiento paga a estas entidades. En 2015 la ciudad pagó 1,67 millones de euros en comisiones y este ejercicio ahorrará 234.066 euros.