Bassa plantea derivar a los municipios la lucha contra la pobreza energética

El nuevo Gobierno de la Generalitat parece querer darle un vuelco a la manera como se afronta la lucha contra la pobreza energética. La consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, reveló ayer que una de las fórmulas para blindar las ayudas de cara a nuevas impugnaciones por parte del Gobierno central podría pasar por que fueran los ayuntamientos los que asumieran un papel más protagónico en el pago de los recibos a los que no pueden hacer frente muchas familias a causa de la crisis económica. Para ello se tendría que destinar una dotación extraordinaria a los municipios para que pudieran hacer frente directamente a los diferentes casos, como ocurre ahora en Barcelona o L'Hospitalet de Llobregat.

En la pasada legislatura, el Departamento de Empresa y Ocupación (con competencias en Consumo) fue el que llevó la batuta para diseñar la política contra la pobreza energética. En octubre pasado, la Generalitat había pagado los recibos a 13.200 familias y calculaba que podía duplicar las peticiones. Además, aún negociaba con las empresas suministradoras la cantidad de dinero que pondrían en un fondo común desde el cual se abonaría el coste de los impagos. Esa bolsa se anunció en octubre de 2014 y cuenta solo con el dinero aportado por la Generalitat.

Bassa también explicó, en una entrevista a La Xarxa, que seguirán las conversaciones con las compañías para evitar los cortes. No aclaró, sin embargo, si será su megaconsejería la que a partir de ahora lleva la voz cantante o si continuará siendo un tema que se lleve desde Empresa, donde está la mayor interlocución con las suministradoras.

Los servicios sociales de los municipios son ahora los responsables de elaborar los informes de vulnerabilidad social que hacen que una empresa suministradora no realice el corte. Algunos ayuntamientos sí tienen programas con recursos propios para pagar las facturas, a lo que hay que sumar a entidades como Cáritas.

Poner la mirada en el mundo municipal es una manera, de acuerdo con Bassa, de evitar posibles vetos por parte del Gobierno central de una normativa propia, como ya pasó con el decreto de septiembre de 2014. Esta norma solo benefició a 900 familias y fue muy criticada pues solo postergaba el pago a después del periodo invernal. A pesar de su ineficiencia, Junts pel Sí sacralizó el recurso por parte del Gobierno central como una gravísima afrenta. En octubre pasado, sucedió algo similar con una parte del Código de Consumo. Sin embargo, la ley que surgió de la ILP antidesahucios sirve por lo pronto de cobijo al programa contra la pobreza energética que desarrolla Empresa, tal como lo explicaron en su día desde ese departamento. “No podemos desobedecer, pero no podemos priorizar una ley por encima de que la gente lo esté pasando mal”, aseguró Bassa cuando se le preguntó si sopesaba la desobediencia respecto al veto del Tribunal Constitucional.

“El mundo municipal tiene todas las herramientas para la detección y la atención a las personas afectadas, pero no tiene la fuerza en determinados momentos para lograr la implicación de las suministradoras”, advierte Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética creen que ahora es prioritario el qué en lugar del cómo. “Antes de decir que dará más dinero a los Ayuntamientos, el nuevo Gobierno debería comprometerse con una fecha para que esté firmado el convenio con las empresas para que estas contribuyan realmente en financiar el fondo contra la pobreza energética”, pide Maria Campuzano.

Bassa aseguró que la lucha contra la pobreza energética no está condicionada por la aprobación de los Presupuestos aunque abogó por la necesidad de tener los recursos para tirar adelante el plan de choque social pactado con la CUP. La Generalitat anunció ayer la ampliación de las ayudas urgentes para favorecer la permanencia de las familias en sus viviendas en caso de desahucios.