Alicante decidirá en febrero qué contratas de Enrique Ortiz rescata

El Gobierno municipal de Alicante va a crear en breve una comisión interna en la que las tres formaciones políticas que sustentan el gobierno local -socialistas, Guanyar Alacant y Compromís-, abordarán de forma específica el rescate de las contratas municipales. Se trata de una comisión que se mantendrá durante todo el mandato para estudiar la municipalización de servicios pactado en el acuerdo programático que aupó al socialista Gabriel Echávarri a la alcaldía. Enrique Ortiz, el empresario imputado en el caso Brugal, es uno de los grandes contratistas municipales.

El equipo de gobierno de Alicante señala que se trata de “un rescate progresivo que hay que estudiar iniciar con las contratas que a día de hoy están ya caducadas y que siguen manteniéndose fuera de contrato en manos de empresas de Enrique Ortiz”. El grupo del empresario gestiona la limpieza de colegios y dependencias municipales, la limpieza y mantenimiento integral del cementerio y la contratación de sillas y escenarios para actos festivos.

El tripartito afirma que es “una situación heredada de la anterior legislatura que el actual equipo de gobierno no quiere prolongar más en el tiempo”. Los socios de gobierno han fijado que “el plazo máximo de tiempo en el que la comisión deberá proponer una decisión definitiva respecto a las contratas sea de med y medio, de modo que a finales de febrero pueda adoptarse la decisión política pertinente”.

Más adelante, la comisión continuará su actividad con la contrata de parques y jardines, “que el equipo de gobierno quiere rescatar cuando caduque en julio de este mismo año”, han señalado Gabriel Echávarri, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido.

“La comisión tendrá en cuenta todos los informes y consideraciones que puedan emitirse por parte de los técnicos municipales, pero la decisión final será de carácter político, de acuerdo con el pacto programático. 

El Ayuntamiento de Alicante paga 800.000 euros al mes a Ortiz por servicios sin contrato, puesto que al finalizar los periodos de adjudicación y no renovarse el concurso el servicio lo sigue prestando la misma empresa. La voluntad política del tripartito choca con una realidad financiera que algunos informes consideran incompatible con la municipalización, y con la imposibilidad legal de contratar más funcionarios hasta 2017 debido a las condiciones impuestas por el Ministerio de Hacienda por el plan de ajuste al que el anterior equipo de gobierno se acogió.