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Catedráticos de Constitucional avalan la toma de posesión de Puigdemont

El catedrático Pérez Royo considera, sin embargo, que hay una base impugnable

Puigdemont ha llegado al Palau de la Generalitat con su coche oficial poco antes de las 10 de la mañana de este miércoles.
Puigdemont ha llegado al Palau de la Generalitat con su coche oficial poco antes de las 10 de la mañana de este miércoles. EL PAÍS

La mayoría de constitucionalistas consultados por EL PAÍS avalan la forma en la que Carles Puigdemont tomó posesión como presidente de la Generalitat pese a omitir lealtad al Rey y a la Constitución. Los juristas señalan que no existe ley que obligue a expresar fidelidad y aluden a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y del Supremo que acepta que se asuma el cargo “por imperativo legal” sin necesidad de adhesión ideológica.

La Abogacía del Estado estudia si el Gobierno puede impugnar ante el TC que Puigdemont se limitara a acatar la “la voluntad del pueblo de Cataluña, representada en el Parlament”. Los servicios jurídicos de la Cámara se amparan en que no hay ley que regule el juramento. La de la Presidencia y del Govern solo fija que el acto debe de celebrarse cinco días después de la investidura.

El catedrático de Derecho Constitucional Joan Ridao no ve base para la impugnación. El exdiputado de ERC alega que el acceso a un cargo público es un derecho fundamental previsto en el artículo 23 de la Constitución, que no se ha desarrollado por una ley orgánica. Sólo existe el Real Decreto 707/79 que es de rango menor. Mercè Barceló, catedrática de la Universitat Autònoma (UAB), señala que ese real decreto fue concebido para los funcionarios del Estado. “El Constitucional ya dijo que se debía hacer una ley. Y se ha hecho para diputados, ediles y el poder judicial. Pero no para el poder ejecutivo”, dijo en Catalunya Ràdio.

Xavier Arbós, catedrático de la Universidad de Barcelona, comparte que no hay una norma aplicable en la toma de posesión del presidente catalán y apunta que la Ley Orgánica del Regimen Electoral fija el procedimiento para ediles y diputados. “Y Puigdemont lo hizo como diputado [lo hizo por imperativo legal]”, esgrime el jurista. “No todo lo que es rupturista en la intención es necesariamente ilegal”.

“Se puede entender que hay fórmulas válidas siempre que se acepten las obligaciones inherentes al cargo”, abunda el catedrático Enric Fossas (UAB), que coincide con Ridao en que el acto del martes fue más que una ceremonia. “A partir de él, se desencadenan los actos jurídicos”, dice. Javier Pérez Royo, catedrático de la Universidad de Sevilla, sí cree que hay base impugnable porque el TC ya concluyó que el acatamiento era “inexcusable” para asumir la condición de diputado. Aunque fuera por imperativo legal, cosa que omitió Puigdemont. “Si la Generalitat no tiene prevista la fórmula ¿Quiere decir que se puede eximir o no? Al final, si el Gobierno recurre, el dilema lo decidirá el TC. El acatamiento es exigible y le pueden retrotraer. Podría extenderse esa jurisprudencia no solo a los parlamentarios sino a cualquier titular de poder público”.

Societat Civil lamenta el juramento pero cree que no es ilegal

ÀNGELS PIÑOL

Societat Civil, la entidad contraria a la secesión, calificó ayer el  el juramento de Carles Puidemont como un acto de "insumisión clara a la Constitución y al Estatuto" aunque fuentes de la entidad admiten que no fue ilegal porque consideran que el acto de posesión fue solo una ceremonia protocolaria. Miembros de la entidad entienden que el presidente ya acató aunque por imperativo legal la Constitución cuando retiró el acta de diputado. Puigdemont, como presidente de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), impulsó que los ediles acataran en junio el cargo con lealtad a la futura República Catalana pero la Junta Electoral Central lo desestimó. Al final, asumió la alcaldía por imperativo legal. Societat Civil avisó que los nuevos consejeros prometerán sus cargos en términos semejantes a los de Puigdemont. "Los separatistas han fraccionado a la sociedad catalana, consideran suyas las instituciones que deberían ser de todos y nos conduce a un conflicto social de consecuencias imprevisibles", señala la entidad en un comunicado deplorando la "gravísima irresponsabilidad" de los nacionalistas al pretender continuar "con su plan ilegal, pese a no contar siquiera con el respaldo mayoritario de la sociedad catalana"