¿De quién es la culpa de que Wanda renuncie al rascacielos España?

El grupo chino Dalian Wanda ha renunciado a la reforma del edificio España, que compró en julio de 2014 y planeaba convertir en un centro comercial y hotel de lujo, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes de la delegación española de la empresa, que indican que lo más probable es que la empresa se desprenda del rascacielos madrileño. La decisión se ha tomado presumiblemente ante las dificultades técnicas de la obra, aunque Wanda no ha explicado sus motivos ni la decisión, adelantada por Okdiario, de cerrar su oficina en la capital. La Comisión Local de Patrimonio Histórico le había obligado a conservar intactas las fachadas por su valor histórico y simbólico para la ciudad. Pese a que la comisión depende de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular con el respaldo de Ciudadanos, ambos partidos se han apresurado a culpar al gobierno municipal de Manuela Carmena (Ahora Madrid).

La portavoz municipal del PP, Esperanza Aguirre, consideró que este “hecho gravísimo” es “consecuencia de que el Ayuntamiento no le haya dado permiso” a Wanda para tirar abajo el edificio y reconstruirlo, como quería. “Se dice que hay un informe de la Dirección General de Patrimonio: es incierto”, añadió Aguirre.

Pero no es que haya un informe: hay dos. La comisión, que no sólo controla la Comunidad (depende de la Consejería regional de Cultura) sino que incluso la preside la directora general de Patrimonio Cultural, Paloma Sobrini, decidió en marzo de 2014 rebajar la protección del edificio para permitir su demolición parcial.

Alegó que estaba “muy degradado debido a la inactividad”, pero obligó a preservar “las partes que revisten importancia y que lo caracterizan desde el punto de vista arquitectónico”. “En todo caso, deberá mantenerse la fachada y sus alzados laterales”, concluyó.

La consulta fue realizada por el Banco Santander, entonces propietario del inmueble, para reformarlo. Cuatro meses después, en julio de 2014, se lo vendió por 265 millones de euros a Wanda.

El grupo chino elevó en julio de 2015 una consulta especial urbanística solicitando permiso para tirar abajo el edificio, fachadas incluidas, y rehacerlo entero. Según Wanda, “la consolidación de la fachada es inviable en condiciones de seguridad”, pero “sí es posible su desmontaje y posterior reconstrucción”. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo (Ahora Madrid), se mostró en contra de la petición, pero trasladó la consulta a la Comisión de Patrimonio, que en octubre la consideró “no viable”.

En su dictamen, la comisión recordó al grupo chino que debía “garantizar la seguridad precisa para la rehabilitación”, recordándole “el deber de conservación inherente al derecho de propiedad”. “Durante todo el proceso de ejecución deberán adoptarse las oportunas medidas de seguridad, en especial en lo que respecta a las fachadas”, concluía. El primer dictamen se tomó cuando gobernaba la región Ignacio González, mano derecha de Aguirre durante años. El segundo, con Cristina Cifuentes. Ambos son del PP.

Cifuentes se mantiene en el gobierno gracias al apoyo de Ciudadanos. Pero eso no evitó que la líder municipal de este partido, Begoña Villacís, cargara también contra Carmena como responsable de la marcha de Wanda, exigiéndole que “deje de poner trabas y de espantar inversiones”.

Paradójicamente, en vez de descargarse de responsabilidad, el gobierno municipal dio por bueno lo dicho por “la portavoz de Ciudadanos y del Partido Popular” y asumió “la responsabilidad” del Ayuntamiento a la hora de impedir la demolición de la fachada del edificio. Calvo compareció a última hora de la tarde para asegurar que haber autorizado la demolición “podría suponer encontrar un solar vacío en el centro [en la plaza de España] porque ese edificio nunca se volvería a levantar en caso de una retirada de Wanda” del proyecto.

En cualquier caso, el Ayuntamiento transmitió su “sorpresa” ante la decisión de Wanda, que en octubre se había comprometido a realizar la reforma pese a conocer ya las restricciones urbanísticas. Carmena, por su parte, aseguró en Twitter que “las inversiones son tan importantes como el patrimonio”. “Nuestra responsabilidad es cuidarlo y ser garantistas”, añadió la regidora, que parece entender que la protección de este icono urbano, además de respetar la legalidad, es más popular que agitar el miedo a la supuesta huida de inversores.