El Gobierno se desvincula de la gestión anterior de la Ciudad de la Justicia

El viceconsejero de Presidencia y Justicia Enrique Ruiz Escudero, ha rechazado este martes que la Comunidad de Madrid sea responsable de las "decisiones políticas" tomadas por gobiernos anteriores sobre el Campus de la Justicia en aspectos como la contratación de personal.

"De las decisiones políticas tomadas en su momento no somos responsables. La responsabilidad nuestra ahora es con este archivo del Campus de la Justicia ofrecer transparencia máxima y que puedan examinar la información necesaria", ha afirmado Ruiz Escudero a los grupos de la oposición en la comisión de estudio de la deuda que se ha celebrado este martes en la Asamblea de Madrid, donde la portavoz socialista, Mercedes Gallizo, ha preguntado por la contratación de personal y los finiquitos recibidos por estos cargos de libre disposición.

"Dentro del archivo no hay ningún documento en que se digan los sistemas de selección de personas empleados ni las categorías. La documentación al respecto sobre los sistemas de selección no consta en la parte del archivo que hemos analizado", ha explicado Ruiz Escudero, ante quien Gallizo ha criticado que los responsables políticos en esta materia en aquel momento "no quieren venir a la comisión" y los actuales responsables políticos "se desentienden de la gestión política".

La parlamentaria socialista ha sostenido que "hay una responsabilidad política y una irresponsabilidad del Gobierno de la Comunidad, de sus viceconsejeros y consejeros de Presidencia que ponían a estas personas". "Veremos cómo se tienen que acabar dirimiendo estas responsabilidades", ha apostillado.

A pesar de no dar la información de los criterios que se siguieron para contratar al personal, Ruiz Escudero ha detallado el personal que trabajo en la Sociedad Campus de la Justicia entre 2005 y 2012.

En 2005, había cuatro empleados con un coste total de 102.135 euros; en 2006, seis trabajadores con un coste 246.710 euros; en 2007, diez con un coste de 373.665 euros; en 2008, diez con un coste de 818.773 euros; en 2009, ocho empleados (657.165 euros); en 2010, cuatro, con un coste de 415.830 euros; en 2011, dos empleados y 83.985 euros y en 2012, dos empleados y un coste total de 68.145 euros.

Lo que no tiene, ha añadido, es el dato concreto del finiquito de estas personas, ya que, ha asegurado, "no figuran" en el archivo del Campus de la Justicia al que han tenido acceso desde el Gobierno.

Gallizo también ha preguntado por el coste global de la exposición 'IUSTITIA, la Justicia en las Artes', organizada en 2007. A este respecto, Ruiz Escudero ha afirmado que el coste global de la exposición, diseño y edición del libro, organizado y editado en 2002, "no figuran como datos concretos en el archivo".

Lo que sí consta son los gastos totales de ese año, que ascendieron a 4,8 millones de euros, y "ahí está incluido el gasto del libro" junto con los de otras treinta actividades que se realizaron al respecto. En cuanto a la recaudación del libro, tampoco tienen el dato concreto. Eso sí, los ingresos totales ese año fueron de 2,1 millones de euros.

En otro orden de cosas, Gallizo ha preguntado por el coste del diseño y la edición del libro 'Norman Foster - Edificios de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia' del que la sociedad Campus de la Justicia editó 3.058 ejemplares, a lo que Ruiz Escudero ha contestado diciendo que el dato concreto del coste del diseño y edición del libro fue de 38.958 euros, una factura que fue remitida a la Editorial Everest. No obstante, tampoco ha aportado los datos de recaudación.

INDICIOS DE DELITOS CONTABLES

Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión, Eduardo Gutiérrez, ha criticado que no aparezcan los finiquitos de las indemnizaciones o que no se conozcan los gastos de los libros publicados, ni los ingresos logrados por los mismos.

A su juicio, estamos ante "ante indicios de delitos contables porque existen obligaciones legales, como la Ley General de Contabilidad, que exigen a los gestores de empresas públicas cumplir con la legislación".

Cuando haya indicios suficientes de la existencia de un delito contable, ha avanzado que propondrán a la comisión un dictamen separado y específico del Campus de la Justicia para ponerlo a disposición de la Fiscalía de delitos Económicos porque son "meros indicios pero apuntan a un sentido muy malo".

Además, ha criticado que pidieron hace más de un mes el Libro Mayor del Campus de la Justicia y "el Gobierno de Cristina Cifuentes no ha facilitado esa información", por lo que están considerando "seriamente realizar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".

Por último, el diputado popular, Juan Antonio Gómez-Angulo, ha asegurado que el viceconsejero "está dando toda clase de información" que tiene a su alcance y ha señalado que están a la espera de la comparecencia del exconsejero del ramo Alfredo Prada, que pidió comparecer en este organismo a petición propia.

A su juicio, es la persona que "más puede aportar sobre la concepción inicial del Campus de la Justicia" y sobre por qué finalmente el proyecto se frustró.

El popular ha asegurado que se ha amparado la petición de información de cualquier diputado y ha aseverado que "no hay ningún tipo de labor obstruccionista".