Lo que exigía la CUP y lo que acepta Junts pel Sí

La CUP debatirá el próximo domingo, en una asamblea que se celebra en Girona, la propuesta presentada este martes por Junts pel Sí La última proposición de la candidatura de Artur Mas para llegar a un acuerdo de investidura dista de cumplir con las exigencias iniciales de la izquierda alternativa.

Pobreza energética: La CUP pedía a Junts pel Sí que se aplicasen “medidas inmediatas” para acabar con la pobreza energética y alimentaria. La propuesta final dice que “el futuro Gobierno tendrá que desplegar las medidas para evitar la pobreza energética aprobadas por la ley 24/2015” que aprobó el Parlament, para garantizar el acceso al agua potable, al gas y a la electricidad de personas en riesgo de exclusión.

Revertir privatizaciones: La CUP no consigue que Junts pel Sí se comprometa a devolver al ámbito de lo público todo aquello que se ha privatizado. Pero en el campo sanitario logra una victoria: se paraliza el Consorcio sanitario de Lleida.

BCN World: El diputado de la CUP, Sergi Saladié, estaba especialmente implicado en acabar con el plan de instalar el macro complejo de ocio BCN World. Una demanda de la que los anticapitalistas hicieron bandera durante la campaña. Esta propuesta deja el plan “en suspensión” y crea un grupo de trabajo entre el futuro Gobierno, Junts pel Sí y la CUP. La vigencia de la suspensión se mantendrá hasta que no haya un “acuerdo por consenso”.

Desahucios: Junts pel Sí propone “desahucios cero” a la CUP. Pone como ejemplo el protocolo que se aplica en Badalona, gobernada por una coalición de Podemos, la CUP y EUiA, para evitar que “las personas o unidades familiares” sean desahuciadas de sus casas. También da un plazo de nueve meses para solucionar los 1.500 casos pendientes que hay en Cataluña.

Renta Mínima Garantizada: Los anticapitalistas querían diseñar una Renta Mínima Garantizada pero se conformaban con empezar recuperando la Renta Mínima de Inserción. Junts pel Sí se compromete a recuperar esta medida, y ampliar el presupuesto con 70 millones de euros más, para “todas las personas que, pasados los 60 meses de permanencia, mantienen las circunstancias que van a generar el derecho a percibirla”.

Dependencia: La CUP ha dado mucha importancia a las ayudas para la dependencia dentro del plan de choque social. En el documento se presupuestan 50 millones de euros para “garantizar” medidas como el aumento de plazas en residencias públicas y del número de prestaciones para acceder a residencias privadas.

Canon del agua: Los anticapitalistas han insistido en revertir la privatización de la empresa Aguas Ter-Llobregat pero en esta última propuesta se aplaza la decisión al desarrollo del proceso constituyente. Aunque sí se compromete a derogar el decreto ley 2/2014 que cedía la gestión de una parte del canon del agua del Área Metropolitana de Barcelona.

Moratorias: La CUP pedía a la Generalitat una paralización en la venta de patrimonio público y el documento concede su bloqueo durante “el periodo de la transición nacional”.