El mayordomo de Marina Castaño admite que trabajaba para ella

El mayordomo de Marina Castaño ha confirmado este viernes ante el juez de instrucción 53 de Madrid, que le ha interrogado como imputado en la causa que investiga irregularidades en la Fundación Camilo José Cela, que desde el año 2004 hasta la actualidad ha realizado trabajos privados para la viuda del Nobel a pesar de estar contratado durante varios años, a través de la entidad que ha sido rescatada con fondos públicos de la Xunta de Galicia.

En declaraciones a los medios al término de su declaración, prestada en Madrid a petición del Juzgado número 2 de Padrón (A Coruña) encargado de la instrucción, el empleado de Castaño, Rubén Darío Vargas, ha asegurado: "He venido a decir la verdad. Quien siembra verdad recoge confianza".

En el procedimiento se encuentran imputados, además del mayordomo, la viuda del Nobel y el exgerente de la Fundación Tomás Cavanna. Vargas ha confirmado las sospechas de la Fiscalía que defiende que varios empleados figuraban como trabajadores de la entidad cultural, pero que "en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela".

En el caso del mayordomo, lo hacía incluso en "el propio domicilio" madrileño de Castaño, decía el fiscal. El empleado --que ha respondido a todas las preguntas formuladas-- también ha ratificado este extremo y ha dicho que continúa viviendo en esa casa y trabajando para la viuda de Nobel.

Así, ha concretado ante el juez que siempre ha trabajado en la vivienda que la mujer de Cela mantiene en la calle Alberca de Madrid donde realiza "todas las tareas que ella que le encarga" y que van desde labores como chofer o conductor hasta "ayudar" en la casa privada de Castaño y en su oficina, situada en una de las plantas de ese edificio.

Ha precisado que su jefa regularizó su situación en España en 2005 y, desde entonces, cobra su nómina por transferencia bancaria. El dinero le era abonado en un primer momento por la Fundación Cela y luego por la empresa de la viuda del Nobel, Letra y Tinta. También ha dado detalles sobre algunas de sus labores como que suele llevar en coche a Castaño por toda España cuando tiene que acudir a algún acto y también por temas privados o que "siempre ha tenido la sensación de estas trabajando para ella" y que hacía lo que ella le decía.

En el escrito de la Fiscalía sobre este asunto, presentado a mediados de 2012 después de que la vecina de Iria Flavia Lola Ramos denunciara irregularidades, el Ministerio Público argumentó que el uso de subvenciones de la Fundación Cela para contratar a este personal y pagar sus salarios pese a que ejercían su trabajo en el ámbito privado "era una práctica habitual" desde hacía años.

Por su parte, Castaño ya declaró el pasado mes de julio en los juzgados de Padrón por supuestos delitos de malversación, apropiación indebida y fraude, cita en la que "trató de justificar sus actuaciones en la gestión" de esta entidad cultural, según sus propias palabras. Previamente, prestó declaración Cavanna, cuyo despido la jueza sospecha que ha sido simulado y el cual forma parte de la investigación.

La denuncia del fiscal ante el juzgado de Padrón contra Marina Castaño y su número dos les acusaba de supuestos delitos de malversación de caudales públicos. También denunciaba "base" para investigar la posible comisión de delitos de estafa, apropiación indebida y otros, como fraude fiscal, por el desvío a una sociedad privada de las devoluciones del IVA de la Fundación Cela, que está exenta de tributación, así como por cargar a esta entidad cultural gastos privados.

En el escrito judicial, la instructora del juzgado de Padrón afirmó que existían "indicios racionales" de que el ordenanza que fue contratado por la Fundación Camilo José Cela trabajaba en realidad en casa de Marina Castaño en Madrid.

En dicho documento, la jueza señaló que la contratación de Vargas, en la que también intervino el que era director gerente, "podría ser constitutivo de delito". "Como ya indicaba el fiscal en su escrito inicial", existen "indicios racionales de que esta persona en realidad prestó sus servicios en el domicilio de Madrid de la querellada Marina Castaño", recogió en el auto.

Como argumento, la jueza esgrimió que fue el domicilio que "facilitó para conseguir su regularización en España en todos los trámites desde el año 2001 hasta el año 2010". Con posterioridad a su baja en la fundación, por la que había sido contratado con centro de trabajo en Padrón, "fue dado de alta por la sociedad mercantil Letra y Tinta, propiedad de Marina Castaño", apuntó.