Un plan social obsceno

El plan social de choque presentado por el aspirante Artur Mas y sus acólitos de Junts pel Sí al tribunal examinador de investiduras de la CUP es obsceno.

Parece lo contrario. Parece atractivo. Para la alegre muchachada antisistema. Y para cualquier persona con una mínima conciencia social. ¿Quién criticaría la mejora de la cobertura alimentaria a los niños que carecen de ella? ¿O acabar con los cortes de suministros energéticos a los más vulnerables? ¿O dar las ayudas a la dependencia a quienes se les viene negando? ¿O ampliar las plazas de guardería? ¿O reducir las listas de espera hospitalarias?

Nadie, salvo la mala gente.

Pero ocurre que este cuento de hadas es una estafa política.

Con el precedente de la catastrófica experiencia de gestión convergente, el plan se augura ficticio

Porque es incoherente. Esas medidas son las contrarias de otras tantas perpetradas por los Gobiernos de Mas durante su quinquenio. ¿Quién confiaría en que aplique ahora aquello a lo que se ha negado mil veces? Ningún adulto, desde luego. Y ni siquiera un bebé creería que un Mas-III se personase, como asegura el plan, en juicios de interés político... como podrían ser los incoados a la familia Pujol.

Y porque la mitad de sus veinte medidas son engañosas. De etérea aplicación, más o menos ligada a la entrada en vigor de una independencia hoy por hipotética: es el caso del salario mínimo a 1.000 euros (ya puestos, ¿por qué no 1.300?); del impuesto a la banca revertido por el Gobierno; de la reconsideración de las (aunque repugnantes, obligatorias según la actual normativa) subvenciones a los colegios del Opus que segregan por género; de la instauración de una policía fiscal antifraude. Algo de eso podría hacerse sin Estado propio, sí, pero de momento solo si así se decide en otra ventanilla, la del Gobierno central. Para no engatusar, plantéese a ese nivel.

Y porque con el precedente de la catastrófica experiencia de gestión convergente, el plan se augura ficticio. Generará más gasto: a buen seguro superior a los 250 millones que se filtran (y si fuera solo esa cifra, ¿por qué no se hizo antes?). O sea, que habrá que elaborar un nuevo presupuesto.

Aquí surge el drama. El presupuesto de 2014 ya fue ficticio: entre otras razones porque de los ingresos previstos por concesiones privadas y privatizaciones, 2.489,5 millones, solo se obtuvo ¡el 16,5%! Mas alcanzó su habitual suspenso (1,6 puntos sobre diez), y que supuso que Cataluña incumpliera el objetivo impuesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del 1%, hasta el 2,58%.

El de 2015, con un tope aún más cruel (y desleal con las autonomías por parte de Hacienda), está yendo todavía peor: se cerrará con un déficit cercano al 2,9% —según Airef—, en vez del 0,7%, sobre todo porque los ingresos previstos por privatizaciones y similares (375 millones de euros) van resultando una burla sangrante. Así, hasta septiembre se habían logrado solo 30 de esos millones, un 8% del total: suspenso de ¡0,8 sobre 10!

Como en 2016 aún habrá menos ingresos y los gastos se multiplicarán, el desfase se agravará (y el objetivo de déficit aprobado es aún más duro para ese año: del 0,3% en vez del 0,7%), salvo que se aumenten los ingresos de verdad, por ejemplo por vía impositiva —ya muy exhausta en el IRPF y antipática para los amigos de yate que aún le queden a Mas.

De modo que quedaría otra vía, la de prorrogar el patético presupuesto actual, de 2015. Pero es falaz. “Hay margen”, alegan algunos, parece que bondadosos, portavoces. Más bien ignorantes: si no se llega con este presupuesto, menos con otro de mayores cargas... Pero sobre todo es imposible porque un presupuesto prorrogado impide aumentar el gasto: solo puede repetirse por doceavas partes.

Quedaría así únicamente la salida de negociar (que rechaza) o la revuelta contra los topes legales, para desbordarlos. Pero entonces, como se ha vislumbrado con la crisis de los pagos a farmacias y hospitales, el FLA dejaría de asumirlos. Y la Generalitat debería proclamar su quiebra formal, un exitoso resultado para el viaje de Mas a ninguna parte.

¿Ninguna? Podría todavía ensayar una postrera aventura agónica: improvisar una secesión cualquier medianoche. Tal gesta sería financieramente más suicida que heroica. Nadie compraría los bonos basura de la montaraz República catalana, con un déficit disparado, una deuda superior al 130% del PIB (67.855 millones al primer semestre; y cerca de una cuota del 20% del billón de la deuda española). ¿Nadie? No sean pesimistas. Quizá alguna gran inversora extranjera. Andorrana. Como Marta Ferrusola.