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El Ayuntamiento ejercerá la compra preferente en las fincas de Robadors

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, dice que los edificios se destinarán a vivienda pública

La calle Robadors, ayer.
La calle Robadors, ayer. Albert Garcia

El distrito de Ciutat Vella ampliará el derecho de tanteo y retracto a 47 fincas  del Área de Conservación y Rehabilitación de San Ramón y Robador. De esta manera, el Ayuntamiento, en caso de ponerse a la venta, se reserva el derecho prioritario a adquirir las viviendas que conforman este ámbito, marcado por los conflictos alrededor de la prostitución callejera y el tráfico de drogas asociados al mal estado de las fincas.

La iniciativa, que da continuidad a la iniciada en 2011 cuando se decretó que siete fincas de esta zona quedaban sujetas a este derecho, se presentará como medida de gobierno en el próximo Consejo Plenario del distrito de Ciutat Vella y la previsión es poder aprobarla inicialmente por comisión de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona en enero. El Consistorio ya es propietario de 11 fincas de esta área, que suponen un total de 125 viviendas, y aún no ha ejercido el derecho a tanteo que ya tiene sobre otras cuatro. Los inmuebles están situados en las calles de San Ramon, Robador y Espatler.

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, ha explicado que la medida se suma a las iniciadas en los dos mandatos anteriores para aumentar el parque de vivienda pública, pero sobre todo para "mejorar la convivencia y la calidad de vida de la gente que vive". Pin ha subrayado que el derecho de tanteo y retracto es una "herramienta para que el Ayuntamiento esté presente cuando se realiza la compraventa y así poder garantizar que el uso es vivienda y no otro", así como el buen estado de estas fincas.

Muchos edificios del Area de Conservación y Rehabilitación de San Ramón y Robador son anteriores a 1901 y, aproximadamente, en un 20% presentan situaciones deficientes o muy deficientes que precisan de actuaciones de rehabilitación. Tras crear esta área, el Ayuntamiento adquirió tres de sus fincas y en 2011 decretó que otras 7 quedaban sujetas a este derecho, de las que compró tres para su directa rehabilitación.

Pin ha asegurado que de estas seis fincas municipales que se destinarán a vivienda pública, en dos ya se han finalizado las obras y próximamente se hará la entrega de las llaves a los adjudicatarios, en otra se prevé acabar las obras en 2016 y en las otras tres aún no han empezado.

Una vez se haya materializado esta ampliación, las fincas que estén sujetas a este derecho estarán obligadas a comunicar al Ayuntamiento cualquier oferta de compraventa que se produzca para que el Consistorio pueda igualar dicha oferta y adquirir la finca. En caso de que la compraventa se haya producido sin el conocimiento del Ayuntamiento, éste podrá retrotraerla y adquirir la finca por el precio escriturado. En caso de que el Ayuntamiento no esté en disposición de adquirir la finca, también permite que la administración pública tenga conocimiento de las compraventas que se realizan, de forma que se facilita hacer un seguimiento del inmueble.

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