Las protectoras denuncian la falta de fondos para la Ley de Sacrificio Cero

La Comunidad de Madrid no dará fondos a los municipios para que cumplan la Ley de Sacrificio Cero, que prohíbe desde octubre acabar con animales abandonados en los centros municipales. El PSOE y las protectoras de animales denuncian que al no tener financiación, esta práctica no se podrá hacer realidad. “Cuesta dinero mantener a los ejemplares con vida dignamente. La presidenta Cifuentes no puede legislar para que paguen los Ayuntamientos”, sostiene el diputado socialista Rafael Gómez.

Hasta el pasado 13 de octubre, cuando la presidenta regional Cristina Cifuentes anunció el fin del sacrificio de animales en las perreras de la Comunidad de Madrid, los centros de acogida podían practicar la eutanasia a los ejemplares entre los días 10 y 19 de su recogida. La llegada de la ley obliga a los municipios a mantener con vida a todos los animales (excepto en casos de sufrimiento, sanidad animal, seguridad de personas o animales o la existencia de riesgo para la salud pública). Esta medida había sido ampliamente demandada por protectoras y partidos; el PP la incluyó en su campaña electoral.

Sin embargo, el proyecto de ley elaborado por el Gobierno de Cifuentes ha despertado las críticas de agrupaciones animalistas y del PSOE. La principal preocupación: la falta de dotación económica para ayudar a los Ayuntamientos a cumplir con la nueva regulación. “Se va a tener que duplicar el número de plazas en las perreras, dotar de más material, recursos y personal. ¿Quién va a pagar todo eso?”, se pregunta Gómez que pone como ejemplo el caso de Leganés donde hay 70 caniles actualmente y va a necesitar “por lo menos el doble”.

El PSOE va a pedir a la Comunidad que incluya en los presupuestos una partida de tres millones de euros (dos para inversión y uno para recursos humanos y materiales) para garantizar el buen cumplimiento de la ley. “El proyecto de Cifuentes también recomienda la esterilización de los ejemplares y nosotros estamos de acuerdo. Pero esta operación cuesta entre 90 400 euros, ¿se va a tener que hacer cargo el Ayuntamiento cuando la diposición legal viene de la Comunidad?”, razona Gómez.

Los municipios de más de 5.000 habitantes cuentan con su propio centro de protección animal, por lo que toda inversión necesaria para cumplir la ley corre a su cargo, según la Consejería de Medio Ambiente. “No va a haber financiación para los centro municipales”, aseguran. Las localidades de menos de estos habitantes no tienen la competencia de recogida de animales, por lo que podrán adherirse por convenio para que el centro regional se haga cargo de ellos.

Morir hacinados

“Hay muchos Ayuntamientos que no van a poder hacer frente a estos gastos. Tenemos miedo de que entonces los animales se dejen en la calle porque no tengan sitio o de que mueran hacinados en las perreras”, confiesa Arancha Sanz, abogada de la Sociedad Protectora de la Comunidad de Madrid. “Hay centros que no tienen medios y no tratan a los animales enfermos y mezclan ejemplares sanos con otros que deberían estar en cuarentena”, dice Sanz. “Es una ley que pedimos y aplaudimos, pero queremos que se haga bien. Tal y como está ahora, en la práctica no se va a poder llevar a cabo”.

Las protectoras tienen miedo de que se queden animales en la calle por falta de sitio o de que mueran hacinados en las perreras

La mayoría de los Ayuntamientos, entre los que está el de la capital, todavía no se ha pronunciado al respecto porque el proyecto todavía puede sufrir modificaciones. El grupo socialista del Consistorio de Madrid sí ha pedido que el Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) contemple un “presupuesto suficiente” para poder cumplir con la ley. “El centro de La Fortuna está muy bien, pero es insuficiente. Nos lo han dicho los profesionales que cada año crecerá en 500 el número de animales acogidos. Si no se les da salida con las adopciones, el Centro de Protección Animal está obligado a acoger a todos. De momento no tiene capacidad para hacer frente a lo que propone la ley”, argumenta Ignacio Benito, concejal del PSM.

El caso de Alcorcón sirve como ejemplo: la localidad aplica desde 2011 la política de sacrificio cero y desde entonces tuvieron que ampliar las instalaciones (ampliar jaulas y espacios de paseo), contratar más personal y duplicar el cupo de voluntarios que podían participar en el centro de protección. “Sin estas modificaciones no hubiera sido posible dar una calidad de vida digna a los animales”, detallan desde el Ayuntamiento regido por David Pérez (PP). “También fue imprescindible concienciar de la importancia de las adopciones”.

Abandono cero

La sensibilización es la otra cara de la moneda. “Sin una política de abandono cero es imposible mantener el sacrificio cero”, asegura Sanz. Esa es otra de las críticas que las protectoras y el PSOE achacan a la ley: la falta de medidas concretas que reduzcan los abandonos. Los socialistas, a nivel regional y municipal, piden a la Comunidad campañas de concienciación en las que se potencie la adopción.

El PSOE va a solicitar que las tiendas no puedan vender animales

El diputado Rafa Gómez va un paso más allá e incluso indica que su grupo va a solicitar que las tiendas no puedan vender animales. “Sí se permitirán los criadores, pero no la venta de animales a las tiendas donde están encerrados, solos, detrás de un cristal”, explica. Además, Gómez anuncia que están intentando dar forma a una enmienda más punitiva para aquellos que abandonan. El grupo socialista en la Asamblea tiene hasta el día 7 para presentar las enmiendas.

La ley de Sacrificio Cero sustituirá a la regulación de 1990 porque Cifuentes consideró que 25 años después ya "era hora de revisarla". La nueva norma establece, además de la prohibición de sacrificar animales, sanciones muy graves en casos de maltrato y abandono con multas de hasta 30.000 euros, el doble que hasta ahora.

Sin embargo, la ley no se aplicará para la fauna silvestre ni para los animales utilizados en espectáculos taurinos. Esta excepción es, según la Sociedad Protectora de Animales de la Comunidad de Madrid, “una vuelta hacia el pasado”. “No puede ser que todos los animales que no sean domésticos queden desprotegidos. La ley debe amparar a todos”, critica Sanz. La ley se escuda en una regulación específica para los animales de explotación y otra para la fauna silvestre, pero las protectoras aseguran que ninguna de estas normas previene el maltrato.