La empresa municipal de la vivienda de Coslada, en concurso de acreedores
Emvicosa, que adeuda 17 millones de euros, fue denunciada por un acreedor al que debe más de 800.000 euros
Emvicosa, la Empresa Municipal de la Vivienda en Coslada (88.000 habitantes), ha sido declarada por un juez en concurso de acreedores. La entidad ahora será gestionada por un administrador concursal que, en el plazo de un mes, deberá emitir un informe sobre ella e iniciar los trámites para satisfacer las deudas contraídas, que superan los 17 millones de euros. Fue uno de los acreedores de Emvicosa, una constructora con sede social en Totana (Murcia) llamada Etosa (a la que se deben más de 800.000 euros), quien llevó el caso al juzgado de lo Mercantil en julio, después de que no se le pagara la cuantía adeudada, tal y como resolvió el Juzgado de Primera Instancia de Coslada el 8 de junio.
El Consistorio, gobernado por el PSOE, acatará la resolución judicial, aunque su intención inicial era hacerse cargo de los activos y pasivos de la empresa, y la de crear una comisión técnica que marcase un plan de futuro para la entidad. Para ello presentó una moción, aprobada el 26 de noviembre en un pleno extraordinario con los votos a favor del PP, IU, Ciudadanos y el propio PSOE. La Agrupación Republicana de Coslada (ARCO) y Somos Coslada, votaron en contra de disolver Emvicosa.
"La idea era liquidar la empresa a través del Ayuntamiento, pero los informes técnicos fueron negativos. Aunque hubiese sido posible, habría que negociar con los bancos y estudiar la capacidad de endeudamiento que tiene en estos momentos Coslada", explica Manuel González, único concejal de ARCO. La Intervención Municipal del Consistorio emitió al menos dos informes, uno el 10 de febrero y otro el 4 de noviembre, en los que se explicaba que esta fórmula no era posible, ya que el plan de corrección que marca la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, no se había cumplido en fecha (31 de diciembre de 2014) y que, por tanto, la sociedad debía liquidarse automáticamente el pasado 1 de diciembre. La sentencia judicial, que llegó un día antes, ha cambiado todo.
"Con Etosa nos hemos puesto muchas veces en contacto para no llegar a juicio. Le hemos ofrecido soluciones, pero ellos solo quieren el pago en metálico. Emvicosa, por desgracia, no cuenta con dinero", explica Charo Arroyo (PSOE), concejal de Urbanismo en Coslada. La edil subraya que a esta constructora, con la que EL PAÍS no ha podido contactar, se le dejó pendiente de pago medio millón de euros que el gobierno local anterior (PP) pretendía solucionar con una subvención de IVIMA. La notificación del reembolso llegó al Ayuntamiento el 26 de noviembre, aunque la ayuda se pidió en 2011.
El proceso abierto no altera la situación de los cinco empleados de la sociedad ni la de las 169 viviendas en propiedad con las que cuenta Emvicosa, todas ellas ocupadas con un alquiler social que oscila entre los 200 y los 400 euros. El precio varía según la situación de la vivienda. Las hay en la periferia, pero también en pleno corazón del municipio. La entrada de la empresa municipal de la vivienda de Coslada en concurso de acreedores no cambia nada en las condiciones de los inquilinos, aunque les asalte una sensación de incertidumbre. Es lo que le ocurre a la pareja formada por Pedro Pereira y Esther Martín. Viven en un edificio de la Avenida de la Constitución, el centro histórico del municipio, desde hace tres años. Le quedan dos más de contrato y esperan poderlo cumplir. "Nadie nos ha notificado nada, pero esperamos que la situación no aumente los 330 euros mensuales que pagamos", desean.
Tres soluciones al problema
Existían tres opciones para liquidar la empresa municipal de viviendas de Coslada. La primera, la liquidación ordinaria. En Emvicosa, como sociedad anónima en la que participa diferente capital social a través de títulos, los accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad. La solución sería que una serie de liquidadores se hicieran cargo de la entidad y comenzaran a liquidar activos de ésta para cancelar la deuda existente. La segunda fórmula, la que defendía en un principio el gobierno municipal de Coslada, del PSOE, es la de la cesión global de activos y pasivos. Mediante este método, un entidad, como podría ser el Ayuntamiento, se haría cargo tanto de los inmuebles de la empresa pública, como de sus deudas. Una última opción, la que ha ordenado el juez, es la del concurso de acreedores. A partir de ahora, un administrador concursal gestionará la sociedad a partir de ahora.
"El problema vendrá si a algún inquilino se le acaba el contrato, de momento las condiciones firmadas tiene que respetarse", explica Virginia Robles, concejal de Somos Coslada y representante de la plataforma en la empresa municipal desde el pasado julio, cuando se renovó su consejo de administración. Robles, como el resto de fuerzas políticas señala el origen de la deuda en 2011, cuando se pidió dinero a los bancos para seguir construyendo casas (118 en total, todas de protección oficial) y garajes. "Desde 2008 no se vende nada, por lo que no se puede devolver el dinero", cuenta. Emvicosa ha construido más de mil casas desde 1992, año de su creación.
Que Coslada deje de tener una empresa pública es una opción que desagrada a Robles, por eso su grupo político votó en contra de la propuesta en el pleno. También pesaron "las prisas" con las que PP y PSOE pretendían "liquidarla". Somos Coslada considera que la propuesta de disolución solo servía a PSOE y PP, que ejercen la presidencia y la vicepresidencia de la entidad respectivamente, para "eludir su responsabilidad en la gestión que ha conducido a la quiebra, ya que estos partidos llevan gobernando el municipio desde 1999", critica.
La solución propuesta por el equipo de gobierno llega tarde, en opinión de ARCO (que renunció a formar parte del Consejo de Administración de Emvicosa en esta legislatura) y Somos Coslada, formaciones que apoyaron la investidura del socialista Ángel Viveros como alcalde tras las elecciones municipales de mayo. Ahora hay una resolución judicial que hay que cumplir, pero el acuerdo plenario se inició "con el proceso abierto, lo que podía sugerir que no se actuaba de buena fe", concreta Robles. Su grupo, incluso, ha denunciado ante la Intervención Municipal indicios de la existencia de irregularidades en la gestión de la empresa.
