Ribó: “El Consistorio dio una licencia ilegal al geriátrico de Agramunt”
El Síndic de Greuges lamenta el "cúmulo de errores administrativos" que dio lugar a la tragedia el pasado 3 de noviembre


El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha denunciado este viernes por la mañana que el “Ayuntamiento de Agramunt dio la licencia medioambiental y la de actividades sin que fuera legal” para construir la residencia donde el pasado 3 de noviembre fallecieron cuatro ancianas al inundarse el semisótano del geriátrico. El defensor del pueblo catalán asegura que el año 2002 ya existían estudios que ponían de manifiesto el riesgo de inundaciones existentes en la zona donde está instalado el geriátrico “pero también la guardería municipal y la escuela de música”.
Según Ribó, el artículo 9 de la Ley 2/2002 prohibía urbanizar y edificar la zona donde se construyó posteriormente la residencia concertada Ribera de Sió. Una prohibición que según el defensor del pueblo catalán prevalece sobre el planeamiento urbanístico municipal por lo que el consistorio “debería haber emitido un informe de compatibilidad urbanística desfavorable y, en consecuencia, haber denegado la solicitud de licencia ambiental”.
El Ayuntamiento otorgó al 29 de enero de 2003 la licencia ambiental y el 10 de marzo de ese mismo año, la licencia de obras para que se construyera el geriátrico. Ribó considera que el Consistorio cuando otorgó las licencias “no podía ser desconocedor de la normativa urbanística aplicable” que prohibía urbanizar y edificar en zonas inundables. Además, el Síndic aseguraba esta mañana que los cauces de los ríos están sometidos a una zona de “policía hidraúlica” que debe vigilar que a 100 metros de los río esté condicionado el uso del suelo y las actividades que se desarrollen en ese lugar. Así para construir dentro de esos 100 metros se requiere de la autorización previa del organismo del que depende la cuenca del río. En el caso de Agramunt, de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). La CHE debería haber autorizado el equipamiento pero “la propia CHE corrobora que no autorizó la construcción del edificio de la residencia”. Ribó denuncia que la CHE y la Agencia Catalana del Agua (ACA) - organismos a “los que les corresponde realizar las funciones de policía hidraúlica” – no comprobaron que el geriátrico no tenía autorización para construir en la zona.
El “cúmulo de negligencias administrativas” debería culminar, según el propio Ribó, con el traslado de la residencia. El defensor del pueblo denuncia que la autorización de la construcción por parte del consistorio y la “pasividad” de la CHE y la ACA hicieron posible una construcción donde el pasado 3 de noviembre murieron ahogadas cuatro ancianas.
Ribó también ha denunciado que el Centro de Coordinación Operativo de Cataluña (Cecat) actuó con “falta de agilidad” después de que a las 3:21 del día de los hechos el exalcalde Bellver d’Ossó se pusiera en contacto con el 112 para alertar que el caudal del río Sió se desplazaba con gran fuerza hacia Agramunt. A las 4.05 tuvo lugar el desastre.
Pese a todo ello, el defensor del pueblo catalán ha querido remarcar que el suceso era muy impredecible y que los Bomberos, los cuerpos de seguridad y el propio alcalde del municipio, Bernat Solé, tuvieron un comportamiento ejemplar y, en el caso del edil, heroico “incluso poniendo en riesgo su vida al lanzarse al agua al intentar salvar a las ancianas”.
No ha reprochado el plan interno de autoprotección del geriátrico aunque ha cuestionado que algunos dormitorios de pacientes con problemas de movilidad estuvieran ubicados en el semisótano de lo “que algunos han bautizado como la piscina asesina”.
Ribó ha pedido el traslado de la residencia o su expropiación, al igual que repensar equipamientos también construidos en zonas inundables como son la escuela de música o la guardería municipal. El Síndic ha solicitado que en el plazo de dos años se confeccione un catálogo de equipamientos construidos en zonas inundables de Cataluña y ha pedido una comisión parlamentaria para que investigue el trágico suceso de Agramunt y que administraciones podrían haber eludido responsabilidades.
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