Entidades de discapacidad psíquica critican la subida de listas de espera

La lista de espera de personas con discapacidad intelectual que están pendientes de acceder a un servicio de atención diurna que ofrece la Generalitat enfrentó ayer a las entidades sociales que trabajan con este colectivo y al Departamento de Bienestar Social y Familia, que preside Neus Munté.

El grupo Discapacitat Intelectual Catalunya (Dincat), que agrupa a 300 entidades, denunció que más de 900 personas están a la espera de ser atendidas por un servicio de atención diurna —como un centro ocupacional o de atención especializada— o aguardan por una plaza en una residencia.

La presidenta de Dincat, Rosa Cadenas explicó, que según los datos del grupo, en diciembre de 2013 la lista de espera era de 650 personas, por lo cual habría aumentado en más de un 38% en menos de dos años, unas 200 personas más.

Desde Bienestar, sin embargo, rechazan dicha cifra pero no ofrecen una propia. “Se están contando también las valoraciones previas, que no son una lista de espera”, insistió Carmela Fortuny, directora general del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS).

Fortuny explicó que “la gran parte” de esas 900 personas que contabiliza Dincat corresponden a jóvenes con discapacidad intelectual que aún se encuentran matriculados en centros de educación especial y que, por lo tanto, aún no necesitan de los servicios que se ofrecen en los centros de atención diurna.

“Con las entidades y el departamento de Enseñanza hicimos un pacto para garantizar el circuito de acceso de estos jóvenes a los centros y evitar que se queden colgados después de terminar su escolarización. Por eso se les ha hecho la valoración con anterioridad”, aclaró la directora de ICASS.

Desde Bienestar reconocen que sí hay un problema de plazas en “pocos casos”, especialmente con las personas que, por ejemplo, insisten en quedarse en casa y que necesitan una plaza de residencia debido a sus condiciones familiares.

Cadenas también pidió a la Generalitat, por enésima vez, que revoque la orden de copago por los servicios no gratuitos de la Cartera de Servicios Sociales y de la ley de Dependencia y que se calcula de acuerdo al patrimonio. Las entidades consideran que la norma es “confiscatoria y abusiva”. En la práctica, muchas personas con discapacidad intelectual o física ven reducido a unos 130 euros el dinero disponible para sus gastos, el llamado dinero de bolsillo. Bienestar asegura que el baremo catalán del copago es más ventajoso que el que fija el Estado.