El Consell acotará los convenios singulares de las diputaciones

"Las diputaciones son entes intermediarios de recursos que deberían ir directamente a los ayuntamientos. El plan E impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero [para dinamizar el empleo a través de inversiones en los municipios] demostró que se podía destinar el dinero directamente a los ayuntamientos". Quien así opina es el director general de Administración Local de la Generalitat, Antoni Such, encargado de preparar las modificaciones legales que obligarán a las diputaciones a coordinar sus actuaciones con el Consell de la Generalitat.

Para Such no tiene sentido que diputaciones como la de Valencia, por ejemplo, hayan destinado miles de euros a poner hierba artificial en los campos de fútbol mientras tenían dificultades para mantener los servicios de teleasistencia a las personas mayores. El director general de Administración Local asegura: "Los reinos de taifa de las diputaciones se han generado mediante convenios singulares. Ha llegado el momento de hacer una distribución objetiva de los fondos públicos a los ayuntamientos".

El Consell ya trabaja en una modificación de la ley valenciana de coordinación de las diputaciones de 1983 que desarrollará distintos aspectos del Estatut y de la ley valenciana de Administración Local que aprobó el Partido Popular. Un cambio legislativo que "redefinirá las funciones de las diputaciones". En tanto en cuanto se prepara la nueva ley, el Gobierno que preside el socialista Ximo Puig, estudia regular por decreto las competencias de las Corporaciones provinciales en deporte, cultura y turismo.

Una decisión que ha levantado ronchas, sobre todo, en el PP provincial de Alicante, que gobierna en minoría la Diputación. El secretario provincial de los populares alicantinos, Eduardo Dolón, exige que el presidente de la Generalitat, "cuando hable de la provincia de Alicante, y más en la capital de la provincia, lo haga con respeto a sus instituciones, a sus Administraciones y a los alicantinos". "No vamos a permitir que las políticas de promoción turística de la provincia de Alicante se diseñen desde ningún otro lugar que no sea Alicante", afirma Dolón.

La Diputación de Alicante tiene este año un presupuesto de 243 millones de euros, de los cuales 4,3 los gasta el patronato de Turismo. Un área que en los años de luchas internas del PP entre los partidarios de Francisco Camps y José Joaquín Ripoll fue clave para lograr apoyos entre los alcaldes populares de los pequeños municipios.

Such es tajante: "Hay un único Gobierno [el autonómico] que es el que ha de fijar las líneas políticas para todo el territorio de la Comunidad Valenciana". Afirmación que choca con la pretensión del presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, de impulsar una zona franca en el puerto de Alicante sobre la que su Administración no tiene competencias.

Sin embargo, la posición de los populares alicantinos, que no tienen reparo en hablar de Gobierno provincial y se atribuyen la representatividad de toda la demarcación administrativa, no es defendida con la misma intensidad en las provincias de Valencia y Castellón.

La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, defiende las diputaciones pero con un criterio más sólido que el de César Sánchez. La dirigente del PP considera que esta cuarta Administración, cuyos representantes son elegidos de manera indirecta, es "imprescindible para prestar servicio a los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes".

"Hoy en día hay partidos que dudan de la viabilidad de las diputaciones ¿qué quieren que desaparezcan los municipios de menos de 5.000 habitantes?, afirmó Bonig el pasado viernes en el pueblo de Calles, en el interior de la provincia de Valencia.

En Castellón, el presidente de la Diputación y del PP provincial, Javier Moliner, también ha decidido optar por la prudencia "hasta que no esté claro el cómo de esa regulación [que propone la Generalitat]. "De momento, nadie se ha puesto en contacto con nosotros para detallar sus planes”, indica.

Como en el caso de la Diputación de Alicante, el patronato de Turismo de la Diputación de Castellón, gestiona este año un presupuesto de casi cuatro millones de euros. Con un presupuesto de 131,5 millones, la Corporación provincial que preside Moliner, con mayoría absoluta, destinará este año 600.000 euros a subvenciones de clubes de élite y 700.000 a subvenciones turístico deportivas.

En el caso de la Diputación de Valencia, presidida por el socialista Jorge Rodríguez, las resistencias a los planes del Consell no existen. Al contrario, la Corporación provincial, que tiene este año un presupuesto de 455 millones de euros, quiere traspasar cuanto antes competencias que ejerce y que son propias de la Generalitat, lo que permitiría a la Diputación de Valencia liberar fondos (cerca de 40 millones de euros) para mejorar las inversiones en los pequeños municipios de la provincia.