El magistrado y los prevaricadores

El socialista Daniel Fernández y el convergente Xavier Crespo han sido condenados por delitos relacionados con la corrupción. Los dos exdiputados –del PSC el primero, de Convergència el segundo- tratan ahora de que el Tribunal Supremo les absuelva. Y ambos han hallado en el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un aliado inesperado. Los abogados de Fernández y Crespo están utilizando a su favor los argumentos que el magistrado Miguel Ángel Gimeno empleó en los votos particulares que emitió sobre las sentencias que condenaron a los dos políticos.

El exdiputado de Convergència y exalcalde de Lloret de Mar fue condenado hace dos semanas a nueve años y medio de inhabilitación por sus vínculos con la mafia rusa. Crespo favoreció al empresario ruso Andrei Petrov –le bonificó una tasa municipal- a cambio de un viaje a Moscú con su familia y un reloj de lujo valorado en 2.000 euros. La Sala Civil y Penal del TSJC sentenció a Crespo por cohecho (al recibir los regalos) y por prevaricación (al aprobar un beneficio para el empresario siendo consciente de que no se ajustaba a la ley).

Miguel Ángel Gimeno –que, en su condición de presidente del TSJC, presidió también el tribunal– discrepó de sus compañeros Enric Anglada y Jesús Barrientos y concluyó que el exdiputado nacionalista no había cometido prevaricación, el delito que mayor pena (siete años de inhabilitación) ha comportado para Crespo. En su voto particular, Gimeno no discute tanto los hechos como la calificación jurídica que se les otorga.

No es injusto

En 2009, el Ayuntamiento de Lloret eximió a la empresa de Petrov de pagar el 50% del impuesto de obras para construir un centro comercial con el argumento de que se trataba de una instalación de “especial interés” para el municipio. En esencia —el voto particular se despliega a lo largo de diez folios— Gimeno señala que esa bonificación vino “avalada por informes técnicos” y que, aunque no se ajustaba a la ordenanza fiscal de Lloret, fue aprobada por un “órgano competente” como es el “pleno municipal”. El presidente del TSJC recuerda que solo hay delito de prevaricación si el funcionario aprueba una resolución “a sabiendas de su injusticia”, lo que en su opinión no ocurre en este caso precisamente por el “respaldo” de los informes técnicos.

La defensa de Crespo, que ejerce Manuel González Peeters, ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo para lograr la absolución del exalcalde. Y que incorporará los argumentos del presidente del TSJC como parte de su recurso de casación. Esa misma estrategia ha seguido para Daniel Fernández,exdiputado del PSC, su defensor, Cristóbal Martell.

Fernández fue condenado el pasado marzo, también por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a un año y cuatro meses de prisión por presionar a la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, para que amañara unas oposiciones a favor de una excargo del tripartito. Junto a él fueron condenados el exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos; su hermano y exconcejal Francisco Bustos, y Pérez.

También en este caso, Gimeno se desmarcó de las conclusiones de sus colegas, Maria Eugènia Alegret y Carlos Ramos. En su voto particular, concluyó que el ex número dos del PSC (a diferencia del resto de condenados) no había cometido tráfico de influencias. El presidente del TSJC no discutió en este caso los razonamientos jurídicos, sino los hechos probados.

En concreto, el presidente del TSJC consideró que la acusación contra Fernández se basa en una reunión que mantuvo con la alcaldesa el en la sede del PSC en Barcelona y que, según se demostró, no tuvo lugar. El exdiputado no pudo, en consecuencia, influir en nadie para que cambiara los criterios del proceso de oposición. Gimeno cree que no puede usarse tampoco como prueba una llamada –no intervenida porque solo estaba pinchado el teléfono de Bustos- en la que se instó a Fernández a cambiar los criterios para favorecer a su candidata. “El anuncio de una llamada no supone que se realice”, por lo que no hay solidez para la condena, argumentó contra el criterio de los otros dos magistrados.

Buena herramienta

Un voto particular es “poco habitual”, según fuentes judiciales, y muestra fisuras en la decisión del tribunal. Por lo general, es una buena herramienta para las defensas de los condenados: el Tribunal Supremo tiene en cuenta el criterio de los jueces por encima del de los abogados y puede, cuanto menos, admitir a trámite el recurso. “Vas más reforzado”, señalan las mismas fuentes, que no obstante matizan que los votos de Gimeno en ambos casos “están bien argumentados”.

Gimeno fue elegido presidente del TSJC en 2010 y su mandato vence el próximo mes. Fuentes judiciales señalan que no se le renovará en el cargo en caso de que opte a ello. Por su posición, el contacto de Gimeno con los políticos es frecuente (en actos institucionales, por ejemplo). En febrero de 2013, accedió a participar –junto a otras autoridades judiciales y de la Fiscalía— en una cumbre contra la corrupción convocada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.