Impotencia e impostura

Como el ciclista en la ciudad soslaya el código de la circulación, decidiendo en cada cruce si el semáforo en rojo es o no digno de respeto, así algunos políticos catalanes miran de medio lado a las leyes y reglamentos, espigando aquí y allá cuáles cuadran con su estilo de vida, ese que proclaman querer para todos nosotros. Las leyes restantes (cambian, no vayan a creer que son siempre las mismas, pues unos días son estas y al siguiente otras distintas, todo depende del instante de la mirada) no cuentan, no son democráticas, no son legítimas. Olvídenlas (al menos hoy, o esta mañana, que por la tarde pueden ser otras, ya les digo y ya ustedes lo han podido comprobar, de sobras). ¿Y los jueces? Tampoco cuentan, pues sus sentencias se basan en leyes desconectadas, es decir, en textos que han dejado de tener relación con la democracia, la nación, el pueblo.

Al jurista profesional, esta situación le deja absolutamente impotente, pues como el abogado sin leyes en las que fundamentar su alegato y sin jueces que vayan a resolver sobre la justificación de aquel, nada puede hacer, está indefenso. O mejor dicho: ustedes quedan indefensos, ustedes que creyeron (falsamente, ya ven lo equivocados que andaban) que sus derechos e intereses habían sido ignorados por un tercero, acaso por un político, o hasta por un ciclista. No es así: la desconexión es el único dato relevante.

Tal es nuestra impotencia: como el violinista sin arco, como el carpintero sin banco, así el profesional del derecho, sin leyes ni jueces, carece de manera de mostrar a nadie su profesionalidad misma. Se ha quedado sin trabajo (pero esto, nos dicen, tampoco está mal, que el defender a la gente con las leyes en la mano sería lujo de ricos y engaño de pobres).

La impotencia del profesional tiene una consecuencia inmediata y gravísima: cualquiera puede incurrir ahora en la impostura de arrogarse la posición y el oficio del jurista sin leyes, del violinista sin arco, del carpintero sin banco. Hoy, los impostores tienen campo libre para ponerse en el lugar de cualquier profesional a quien, primero de todo, se le ha privado de toda capacidad para distinguirse de los demás por su saber hacer. Se empieza por el derecho, se continúa por los derechos (solo se reconocen aquellos que, en cada instante, se miran de reconocer) y se acaba con toda legítima pretensión de hacer algo con conocimiento de causa (todos somos iguales).

Hay que partir de la seguridad de las personas y de la confianza de las organizaciones en la certeza del derecho

Aquello que más me duele de la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 es que, a pesar de ser un escrito bien intencionado, a pesar también de haber sido redactado (pésimamente) por muy buena gente (como lo son los ciclistas sin código, sin duda), lo cierto es que franquea el paso a todo género de impostores, a personas y grupos de mala fe que pretenderán (ya lo están haciendo) imponernos su voluntad sobre la ley y el derecho.

Impostores que dejan conscientemente de lado la norma básica de las sucesiones históricas de Estados: el derecho preexistente seguirá en vigor en todo aquello que no sea expresamente derogado o que resulte de todo punto incompatible con las leyes del Nuevo Estado. Hay que partir de la seguridad de las personas y de la confianza de las organizaciones en la certeza del derecho. Las leyes y quienes las aplican y juzgan (los funcionarios, los jueces) continuarán. Declaremos (deberíamos haberlo hecho así) que respetamos a las unas y a los otros y que seguiremos haciéndolo así. El vacío legal crearía la ocasión única de los impostores, de quienes se arrogan el derecho a confundirse entre violinistas, carpinteros o juristas.

Los vacíos de poder son temibles porque un día de estallido emocional colectivo desplaza el análisis frío del jurista dejándonos en las manos futuras del historiador a quien corresponderá mostrar los desastres originados por la anomia y los impostores, mientras los demás sosteníamos la respiración sin saber a qué carta quedarnos, porque tantas cosas estaban en juego, en el envite de un instante. Por esto, el punto octavo, entre otros, de la Resolució es una calamidad: “El Parlament de Catalunya insta el futur govern a cumplir exclusivament les normes o els mandats emanats d'aquesta cambra, legítima i democràtica…”. Espero y confío en que el gobierno futuro de Cataluña cumplirá con las leyes del país, con todas ellas, y las hará cumplir. Tiempo habrá para cambiarlas.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil de la UPF