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Pionera resolución

Paralizado un desahucio por “riesgo de exclusión residencial” de la familia

La juez invoca la ley del Parlament de julio, aprobada por ILP, que impide estos lanzamientos

Un juzgado de Barcelona ha invocado por primera vez la nueva ley catalana de emergencia habitacional y la pobreza energética para posponer un desahucio por impago de alquiler. La suspensión beneficia a una familia que sufre “riesgo de exclusión residencial” debido a su precaria situación económica y que está a la espera de que se le otorgue un piso de emergencia social del Consorcio Municipal de la Vivienda.

La ley fue aprobada el pasado julio y surgió de la Iniciativa de Legislatura Popular (ILP) presentada por colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE). La norma establece que las unidades familiares que no puedan afrontar el pago del alquiler de la vivienda habitual “tienen derecho a disfrutar de ayudas que eviten el lanzamiento” y obliga a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social a sus inquilinos afectados por desahucios.

La familia, compuesta por una abuela, una hija y un menor de cuatro años, tiene unos ingresos mensuales de 400 euros, según adelantó ayer La Vanguardia. Debido a su precaria situación económica dejó de pagar el alquiler a una empresa que gestiona inmuebles, que pidió su desahucio por el impago. En septiembre, un juez le dio la razón al arrendatario pero el Secretario Judicial suspendió por un mes la diligencia, hasta el pasado martes, una prerrogativa incluida dentro de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Ahora la jueza Marta Sánchez-Ocaña, del juzgado de primera instancia número 10 de Barcelona, esgrime la nueva ley para posponer un mes más la orden de desahucio, según explica un auto. La decisión llega después de que el Consorcio solicitara una prórroga adicional el pasado 5 de noviembre, debido a que las gestiones para entregar el inmueble de emergencia requieren un mes de trámite.

Sánchez-Ocaña justifica su decisión en el informe de los Servicios Sociales de Barcelona, que expone la vulnerabilidad de la familia, y al considerar que la empresa de gestión de alquileres entra dentro de la categoría de grandes tenedores de vivienda.

“La alarmante situación de numerosas personas y familias que, como consecuencia de la crisis económica, no pueden hacer frente al pago de la vivienda ha motivado la aprobación de mecanismos para evitar, en la medida de lo posible, la llamada exclusión residencial”, razona el auto. Un portavoz de la PAH dijo que no tenía conocimiento del caso pero aseguró que la plataforma analizará a profundidad otros expedientes para ver si la ley se esgrime en los juzgados.