Gordó contrata como asesor a un excargo de Pujol que cobró del Palau

El consejero de Justicia en funciones, Germà Gordó, ha fichado como “asesor” político a Marc Puig, un publicista de profesión que ya ocupó un alto cargo en el último gobierno de Jordi Pujol (1999-2003). Puig estuvo imputado en el caso Palau, ante la sospecha de que los 59.000 euros que su empresa cobró del Palau de la Música fueron a parar, en realidad, a las arcas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido del que ha sido miembro destacado. Puig justificó esos trabajos y la causa contra él fue archivada. El publicista, licenciado en Derecho pero sin experiencia en materia de justicia, fue contratado como “personal eventual” del departamento el pasado 5 de agosto para elaborar los “informes políticos y técnicos” que le solicite el consejero.

Puig, de 53 años, había sido director de Comunicación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato del convergente Xavier Trias. Tras la llegada al poder de Ada Colau, abandonó el Consistorio. Pero pronto halló acomodo en la Generalitat. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó, durante las vacaciones de agosto, el nombramiento del publicista como “asesor”. Su sueldo (unos 66.000 euros al año) equivale al de los funcionarios de más alto rango (nivel A) de la Administración autonómica.

El documento detalla que Puig debe asesorar “en la planificación estratégica y en el análisis de las políticas” del departamento, además de confeccionar informes para Gordó. También tiene que “hacer propuestas de actuación para la mejora de los servicios” de Justicia, de su “calidad como servicio público” y de su “acercamiento a la ciudadanía”. El departamento defiende las virtudes de Puig y recuerda que es licenciado en Derecho.

Los trabajos para Millet

En el perfil que mantiene abierto en Linkedin, Puig se define como “director de comunicación” y experto en marketing. El publicista no menciona su actual trabajo como asesor a las órdenes de Gordó, aunque sí detalla los puestos (en el sector público y privado) que ha ocupado. Licenciado también en Publicidad y Relaciones, fue director general de Difusión de la Generalitat en 2002. En enero de 2003, y durante los últimos meses del Gobierno de Jordi Pujol, fue ascendido a secretario de Comunicación del Gobierno catalán. Sustituyó en el cargo a David Madí, que había dimitido por el escándalo de la manipulación de las encuestas.

Destacado militante de CDC —dirigió la agrupación del partido en el distrito barcelonés de Sarrià— Puig también ha estado vinculado al mundo de las televisiones públicas. Según su currículo, fue consejero de RTVE y consejero de Administración de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que aglutina a TV-3 y Catalunya Ràdio.

Su faceta como publicista la desarrolló como “socio-director” de la empresa Emocional Base (de 2004 a 2008). A través de las actividades de esa empresa, los investigadores del caso Palau relacionaron a Puig con el pago de comisiones ilegales a Convergència. Hace tres años, Hacienda envió un informe al juez en el que citaba una serie de empresas que habían cobrado importantes sumas de dinero Palau de la Música por trabajos que, en realidad, no habían realizado o que eran, por lo menos, dudosos. Según la tesis de los investigadores, esas empresas fueron utilizadas por Fèlix Millet y Jordi Montull —saqueadores confesos de la institución musical— como una tapadera para hacer llegar las comisiones que Ferrovial pagaba a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública.

La investigación ha hallado indicios sólidos contra los responsables de algunas de esas empresas y los ha enviado a juicio, que aún está pendiente de fecha. En el caso de la empresa de Puig, la Fiscalía Anticorrupción no vio indicios de delito y pidió el archivo, que el juez acordó.

Los trabajos de Emocional Base se remontan a 2006. Montull (mano derecha de Millet) encargó a la empresa que aportara ideas para relanzar la imagen de la institución musical y para acometer un cambio en la imagen corporativa del Palau. Puig elaboró tres informes por los que su empresa cobró 59.000 euros. Y los aportó al juez. Pese a la realidad de esos trabajos, el proyecto final (mejorar la imagen del Palau) no se llevó adelante.