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Una ‘puerta giratoria’ dentro del Gobierno y con indemnización

El exdirector de seguridad de la Ciudad de la Justicia cobró 84.000 euros anuales hasta que fue destituido sin que se cubriera su puesto. Cobró una indemnización y al día siguiente ingresó como personal eventual en la Consejería de Justicia

Interior de la sede del Insituto de Medicina Legal. Ver fotogalería
Interior de la sede del Insituto de Medicina Legal.

La comisión de investigación que supervisa el endeudamiento de la Comunidad no solo analiza los dispendios en infraestructuras como la Ciudad de la Justicia. También desnuda políticas de personal igualmente onerosas para la Administración madrileña. El diputado regional de Podemos Eduardo Gutiérrez lo ilustró ayer en la Asamblea con un ejemplo de puerta giratoria dentro de la Comunidad que llevó aparejada una indemnización a un alto cargo que nunca dejó de depender de la Consejería de Justicia.

Gutiérrez se refirió al caso de Andrés Gómez, quien ocupó el cargo de director general de Seguridad del Campus de la Justicia —cuando el proyecto era solo un descampado en obras— con un contrato de alta dirección y un sueldo de 84.000 euros anules hasta que fue relevado el 7 de octubre de 2009, por considerar el nuevo máximo responsable del Campus de la Justicia, Miguel Giménez de Córdoba, que el puesto no era necesario y que el alto cargo había cometido “fallos técnicos”. Al día siguiente de la destitución, Gómez pasó a engrosar la nómina de personal de confianza de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que presidía también Granados, entonces mano derecha de Aguirre y secretario general del PP madrileño.

La salida del Campus de la Justicia hacia la consejería de la que dependía este proyecto al día siguiente le permitió cobrar una indemnización de algo más de 20.000 euros.

Andrés Gómez explicó ayer a EL PAÍS que dicha compensación económica proviene de una sentencia judicial derivada del real decreto 1382/85 que regula la relación laboral del personal de alta dirección y que establece una indemnización de tres meses de sueldo en caso de despido y,  por tanto, a la que tenía derecho.

La documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS parte de un informe de la propia Consejería de Justicia elaborado entonces para responder a esas demandas judiciales. Ese documento interno evidencia las condiciones que disfrutó Gómez como alto cargo. A los tres meses de acceder al puesto de jefe de seguridad con rango de director general -en un complejo que no se construyó y del que ocho años después no hay ningún edificio en servicio- se le subió el sueldo un 20%, de 70.732 euros en octubre de 2007 a 84.022,68 en enero de 2008.

El informe de la Consejería de Justicia detalla que en su etapa de director de seguridad disfrutó de un vehículo —un Toyota RAV4— “para uso personal y privado incluidos los fines de semana” y tenía “capacidad para pasar a la Comunidad gastos de comida sin mencionar siquiera el motivo de las mismas”. Al salir de la Comunidad de Madrid, Gómez fue fichado por María Dolores de Cospedal como director de Análisis y Documentación en el Gobierno de Castilla-La Mancha. El actual Ministerio del Interior le condecoró después con la medalla roja al mérito policial, que conlleva pensión.

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