Togas al servicio de los animales

Casi 20.000 visones saltan a la conversación en un antiguo palacete de la calle de Serrano. Hace un lustro que llegó a la mesa de Daniel Dorado, un abogado madrileño de 34 años, el caso de una decena de personas detenidas en una macrooperación policial y acusadas de soltar supuestamente a estos pequeños mamíferos de varias granjas de A Coruña. El proceso, impulsado por los peleteros gallegos, marcó su carrera. “La instrucción demostró que no existía ninguna prueba contra los imputados, así que terminó archivándose el pasado junio. Fue un intento de criminalizar a los activistas”, sentencia entre sorbos de café y sentado en una sala del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Aquí, mientras la tarde arranca en la capital, el letrado repasa el auge del movimiento animalista. Habla de una mayor concienciación, de las condenas a prisión por maltrato y de la conquista de espacios públicos antes vedados. En este último aspecto, hasta él mismo sirve de ejemplo: preside desde julio la nueva sección del ICAM especializada en la defensa de los derechos de los animales.

Los letrados responden así a una demanda ciudadana, explica Maite Nadal, diputada de la Junta de Gobierno del Colegio: “El avance social requiere de la existencia de especialistas en la materia para acabar con prácticas que lamentablemente persisten”. En cuatro meses, casi 300 abogados se han adherido ya a esta sección, que también aborda casos de negligencia veterinaria o de quién se queda con la mascota cuando una pareja se separa.

Entre sus miembros se encuentra Arancha Sanz, que lleva 12 años con la toga a cuestas para representar a la Sociedad Protectora de Animales de Madrid. “Debemos trabajar para mejorar las normas, para que sean más precisas y para que se apliquen. Porque, realmente, las leyes españolas sobre la materia son muy ambiguas y el resultado depende de cómo se interpreten”, explica.

La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente revela que las condenas por maltrato animal se han multiplicado por seis en España en los últimos siete años. Han pasado de las 11 de 2008 a las 62 de 2014. “Pese a los avances, el desarrollo legislativo es insuficiente. La pena máxima sigue siendo inferior a los dos años de prisión. Por tanto, si carece de antecedentes penales, el condenado no va a ingresar en la cárcel”, destaca Dorado. Hasta la fecha, solo dos personas han perdido su libertad por este tipo de delitos. Ambos, en las Islas Baleares: un hombre que mató a palos a su caballo tras los malos resultados en una carrera y otro que dejó morir de hambre a su perro.

Ese es el camino, señalan los abogados de la nueva sección del ICAM, que pretenden quitarse de encima el sambenito de la extravagancia. “A muchos compañeros aún les parece raro. Solo los Colegios de Tarragona y Barcelona tienen un área similar”, recalca el presidente, vinculado desde su salida de la universidad a colectivos animalistas y que llegó a desafiar en 2010 a Esperanza Aguirre. Después de que la entonces presidenta de la Comunidad impulsara la declaración de las corridas de toros como Bien de Interés Cultural, Dorado propuso que se hiciese lo mismo con la siesta. “Un hecho cultural de especial relevancia”, argumentó en su escrito. Ya buscaba entonces los resquicios legales para poner en primer plano el debate animalista. “Nosotros tenemos claro que los cambios vendrán gracias a la labor de los activistas. Y los abogados tenemos que ponernos a su servicio”, concluye.