Artur Mas y la CUP impulsan la desobediencia

Las dos formaciones quieren aprobar en el Parlament "el inicio de proceso de creación del Estado catalán independiente" que tendrá "forma de república"

Primera reunión de la Mesa del nuevo Parlament.Foto: c. castro / Vídeo: El país vídeoundefined

El independentismo catalán no esperará a ver qué mayorías arrojan las urnas el 20 de diciembre para dar pasos decisivos hacia la secesión. Junts pel Sí —la plataforma electoral de Artur Mas (Convergència) y ERC— y la CUP quisieron lanzar este martes este mensaje presentando un acuerdo que apuesta por dar inicio al proceso de creación de “un Estado catalán independiente en forma de república”. El texto se votará la próxima semana en el Parlamento autónomo. La Mesa de la cámara, en la que Junts pel Sí tiene mayoría, se reúne a las 10 de esta mañana para decidir si se tramita por vía de urgencia.

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La gran novedad es que los independentistas advierten por escrito que harán caso omiso a una más que probable suspensión por parte del Tribunal Constitucional, al que ven “deslegitimado”. Y ahondan en el choque institucional al anunciar que el futuro Gobierno hará cumplir “exclusivamente” las leyes del Parlamento catalán.

La propuesta acordada por Junts pel Sí y la CUP elude expresiones como “desobediencia civil” o “declaración unilateral de independencia”, que la coalición de Artur Mas considera excesivamente duras incluso para sus bases. Sin embargo, todos los pasos que la plataforma de Mas y Oriol Junqueras ha pactado con la CUP van en el sentido de avanzar hacia la independencia diga lo que diga el Tribunal Constitucional y sin celebrar un referéndum.

La declaración, que se aprobará con los 62 votos de Junts pel Sí y los 10 de la CUP, va mucho más allá que la aprobada en enero de 2013 y que abogaba por “hacer efectivo el derecho a decidir”. Ahora se habla de “iniciar solemnemente el proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república”, se insta a iniciar la tramitación de leyes como la de la seguridad social catalana o la hacienda pública y se insta a adoptar las medidas para abrir un proceso de “desconexión democrática masiva, sostenida y pacífica con el Estado español”.

El contenido de la resolución entronca con el programa electoral de Junts pel Sí, que ya preveía arrancar la legislatura con una declaración solemne, pero va más allá en muchos aspectos para satisfacer a la CUP. La formación anticapitalista ha exigido, por ejemplo, que todo el proceso comience antes de las elecciones del 20 de diciembre. Este partido teme que sectores de Junts pel Sí den marcha atrás en la independencia si el próximo Gobierno central se abre a negociar algún tipo de solución intermedia para Cataluña. Por este motivo las llamadas “leyes del proceso constituyente” deben comenzar a tramitarse en un máximo de 30 días.

 “Desconexión democrática”

Más allá de la declaración de intenciones del texto, uno de los puntos más controvertidos es el que abre la puerta a desobedecer leyes y sentencias. “El proceso de desconexión democrática no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español”, dice la resolución. “En particular”, añade, “del Tribunal Constitucional”, al que considera “deslegitimado”. Y añade que la única soberanía reconocida es la del Parlament. “Instamos al Gobierno catalán a cumplir exclusivamente esas normas o mandatos emanados de esta Cámara, legítima y democrática, con el fin de blindar los derechos fundamentales”, señala el texto.

El Gobierno catalán no supo explicar este martes si esto llevará a una desobediencia permanente de leyes españolas, especialmente porque muchas de ellas fueron votadas en su día por CiU. Lo único que dijo Neus Munté, la vicepresidenta, es que el Govern seguirá adelante con la independencia pese a las advertencias del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que calificó de “amenazas”. Respecto a la declaración de inicio del proceso, los grupos que lo firman adelantaron que impulsarán sus aspectos más fundamentales aunque el texto quede suspendido por parte del Constitucional.

Josep Rull, diputado de Junts pel Sí y coordinador de Convergència, fue taxativo cuando se le planteó si la resolución indicaba que estaban dispuestos a desobedecer al Constitucional: “Es un acto de obediencia al pueblo de Cataluña. A lo que la gente votó”, dijo. En una comparecencia en el Parlament, Raül Romeva, diputado de esa formación, defendió la misma tesis: “El mandato ciudadano lo tenemos. Llevamos muchos años haciendo las cosas de forma pacífica, democrática y razonada”. El ecosocialista reiteró la determinación de seguir con el plan pese a la reacción del Gobierno. Y fue claro cuando defendió que el 27-S no tuvieron mayoría de votos: “La gente votó libremente y con una participación sin precedentes. La legitimidad existe”.

El acuerdo, sin embargo, no implica que Junts pel Sí y la CUP estén más cerca de alcanzar un acuerdo sobre el futuro de la presidencia de la Generalitat, cuyo primer debate de investidura está previsto para el 9-N. La CUP rechaza votar a Mas y el proceso puede dilatarse hasta el 9 de enero, pero este martes su diputado Benet Salelles expresó su confianza en dar con una persona “adecuada” que permita la investidura a la primera.

Las dos fuerzas lanzaron guiños a Catalunya Sí que es Pot apelando al “proceso constituyente”, pero su portavoz, Joan Coscubiela, fue inequívoco: dijo que impulsarán un texto alternativo y que votarán en contra del registrado ayer porque es una “trampa” que oculta la emergencia social y la corrupción de Convergència, y da por amortizado el referéndum.

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