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Investigados cuatro hijos de Jordi Pujol por cobros irregulares

Un exsocio de Rodrigo Rato les pagó 100.000 euros en 2007 por supuestos trabajos que, según el juez, “no están acreditados”

Jesús García Bueno
Oleguer Pujol en una imagen de archivo.
Oleguer Pujol en una imagen de archivo.gianluca battista

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a cuatro hijos el expresidente catalán Jordi Pujol por presuntos cobros irregulares. En 2007, una empresa de José Manuel Solà —socio del exministro de Economía Rodrigo Rato— pagó 100.000 euros a Josep, Oleguer, Jordi y Pere Pujol Ferrusola por supuestos trabajos de asesoramiento que, según el juez, “no están acreditados”. “No existe un negocio subyacente” que justifique esos pagos, razona Pedraz. Los Pujol, de hecho, presentaron facturas falsas para justificar esos cobros.

Los cobros del exsocio de Rato salieron a la luz en el marco de la investigación abierta al benjamín de la familia, Oleguer Pujol, por sus negocios inmobiliarios a través de la empresa Drago Capital. Oleguer está imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal por siete operaciones inmobiliarias bajo sospecha. La policía halló indicios de los pagos del exsocio de Rato y concluyó que no estaban justificados. Una tesis que ahora asume el juez, quien ha decidido “ampliar” el objeto de la investigación a los delitos de “falsedad documental” y “corrupción”. En el mismo auto judicial, Pedraz decreta, durante un mes, el secreto de la causa judicial.

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Entre 1999 y 2007, Josep Pujol participó junto a Solà en una sociedad que gestiona un hotel en Baqueira, en el Pirineo catalán. Tras vender el hotel, según fuentes cercanas a la defensa, ambos decidieron liquidar sus relaciones económicas. Solà le debía unos 100.000 euros. Tras quedarse con una parte, Josep pidió que entregara el resto del dinero a tres de sus hermanos: 15.468 euros a cada uno de ellos. Josep les debía el dinero “por cuestiones personales”. Las mismas fuentes admiten que esa forma de cobrar no fue del todo ortodoxa.

El juez Pedraz, en cualquier caso, ha tomado la decisión tras recibir dos informes de la Fiscalía Anticorrupción que ahondan en la naturaleza de esos pagos. “No se ha podido obtener dato alguno que acredite que las facturas emitidas (...) estén justificadas por la prestación de servicio real”, concluye el auto.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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