El Supremo ratifica las sentencias a los ‘estafadores del IVIMA’

Julio González Moreno tuvo una idea. El trabajo de este hombre, contratado por la empresa Gestión de Planificación Urbanística (Geplalur), consistía, entre 2000 y 2004, en inspeccionar las viviendas ocupadas por adjudicatarios de vivienda pública del IVIMA (Instituto de Vivienda de Madrid). Aprovechándose de esos conocimientos, González Moreno ideó un sistema para vender casas a terceras personas: “Alterar la base de datos del IVIMA cambiando el nombre de auténtico adjudicatario por el de la persona a la que se vendía de forma fraudulenta la vivienda, haciéndola aparecer como adjudicataria de la misma”, según la sentencia de la Audiencia Provincial. La Sala condenó a González Moreno a cuatro años, siete meses y 15 días de cárcel y a una multa de 1.800 euros por un delito de estafa y un delito continuado de falsedad en documento oficial. Ahora, el Supremo la confirma así como las condenas al resto de acusados, que compraron una vivienda cada uno pese a no ser adjudicatarios. El Supremo ratifica la nulidad de las cuatro ventas realizadas y corrige la pena a uno de los compradores al que le absuelve de la falsedad documental por la que fue condenado en primera instancia.

La empresa Geplaur se encargó entre 2000 y 2004 de la gestión de parte del patrimonio inmobiliario del IVIMA; concretamente de la gestión externa de las viviendas de alquiler con opción a compra. La empresa se encargaba por orden de la Comunidad —con Alberto Ruiz Gallardón (1995-2003) al frente y luego con Esperanza Aguirre (2003-2012)— de comprobar si en la vivienda pública vivían sus adjudicatarios. También, de todas las gestiones y trámites relativos a la adquisición de las viviendas.

Para realizar estas tareas, Geplaur tenía acceso a las bases de datos de IVIMA y la posibilidad de modificar los datos ahí consignados; acceso a una información sensible que, según la Audiencia Provincial, se hizo “sin ningún control ni cortapisa”. González Moreno se dio cuenta de lo interesante que eran los ficheros que manejaba. Así, en marzo de 2003 ofreció al primo de su mujer, Alberto Cabezas Espigares, adquirir una vivienda pública. González Moreno manipuló los archivos del IVIMA para que fuese denegada la subrogación de la vivienda al hijo y heredero del propietario fallecido. En su lugar, adjudicó el piso a su familiar.

Ante el éxito de la operación, Cabezas habló a varias personas de su círculo de confianza de esta operación. Como algunas mostraron interés, Cabezas se ofreció como intermediario ante González Moreno “para facilitar la compra” a los interesados. Por esto, el Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia que le condenó a tres años y tres meses de prisión y una multa de 3.000 euros. A las otras personas implicadas les ha mantenido la pena de un año de prisión así como al pago repartido de las costas del juicio.