Escal UGS insiste para trasladar a Madrid la instrucción del Castor

El consorcio empresarial Escal UGS, concesionario del proyecto Castor, ha presentado un nuevo recurso reclamando que la causa judicial que se instruye por presuntas irregularidades en la construcción del almacén submarino de gas sea trasladada a Madrid. La empresa, participada en un 66,7% por ACS, ya vio desestimadas sus pretensiones de mudanza judicial hace unas semanas pero ha tramitado un nuevo recurso ante el juzgado de Vinaròs (Castellón). La compañía y su presidente, Recaredo del Potro, alegan que si hubo algun tipo de incidencia en los trabajos de adecuación de la poza submarina que se halla frente a las costas del Delta del Ebro debe ventilarse en los juzgados madrileños. Sostienen los recurrentes que hay que poner el foco en el lugar donde se llevó a cabo la tramitación del proyecto, más que atender a sus consecuencias.

La presentación del recurso tiene lugar a poco más de una semana para que el juzgado de Vinaròs tome declaración al primero de los 18 imputados en la causa abierta para aclarar los más de 600 terremotos que se registraron entre el Golfo de Valencia y Amposta (Montsià). Será Jesús Gómez de las Heras, el coordinador del Instituto Geológico y Minero (IGME), el primero en explicar porque cuando se concedió la autorización de la concesión no reflejó, en su informe técnico, ninguna referencia a los posibles riesgos sísmicos. Concretamente, el IGME emitió en enero de 2007 un diagnóstico en el que dejaba constancia de que la estructura Castor se entendía apta para el almacenamiento de gas. A finales de 2014 los seísmos se sucedieron, hasta 500 en un mismo mes, coincidiendo en el tiempo con el inicio de los trabajos de Escal UGS en el almacén submarino.

El controvertido proyecto Castor derivó en la apertura de diligencias judiciales por un delito contra el medio ambiente y por prevaricación ambiental y forzó al presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, a reconocer la relación de los seísmos con los trabajos en el almacen de gas. Durante una comparecencia en el Consell Valencià de Cultura (CVC), del Potro admitió que la inyección de gas en la planta pudo haber "forzado" los seísmos que se produjeron en la zona.

Más tarde, cuando los trabajos se paralizaron y la empresa exigió una indemnización al estado, las patronales Cecot, Fepime, Centre Metal·lúrgic y el Consejo Intertextil Español presentaron una denuncia a la dirección general de Competencia de la Comisión Europea. La demanda acusaba al Gobierno de favorecer a la empresa Escal UGS con una ayuda de estado, a través del pago de la indemnización, que ascendió a 1.350,7 millones de euros.