Extrabajadores denuncian al Instituto Valenciano de Vivienda a la fiscalía

Una quincena de extrabajadores ha denunciado en Fiscalía Anticorrupción al Instituto Valenciano de Vivienda S.A. (Ivvsa), actualmente integrado en la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), por presunta prevaricación, al alegar que aplicó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "sin baremos y sin datos actualizados".

Así consta en dos denuncias que están suscritas por 14 exempleados. En los escritos solicitan al fiscal que estudie posibles responsabilidades penales sobre aquellas personas que han actuado "de manera arbitraria y contraria a la legalidad" en el ERE del Ivvsa.

Tal y como exponen en su denuncia, a su juicio, la adscripción de los trabajadores al ERE del Ivvsa "en ningún caso se ha realizado con arreglo a los criterios pactados entre la empresa y la Mesa de Negociación", ni de acuerdo con "ninguna otra valoración de ninguna otra clase".

Recuerdan que el 4 de mayo de 2012 se suscribió el acta de fin de periodo de consultas con acuerdo en el ERE del Ivvsa, donde establecían los criterios de selección. El principal era la pertenencia a las distintas direcciones, departamentos o unidades de trabajo que iban a verse afectadas con su eliminación, así como la pertenencia a las órdenes de ejecución.

Sin embargo, los exempleados denuncian que la empresa, "de manera unilateral y sin participación alguna de la Mesa Negociadora", elaboró el listado de trabajadores afectados por el ERE, que el 11 de mayo del mismo ejercicio puso en conocimiento de la Mesa Negociadora y de la Autoridad Laboral.

Con este listado, la empresa no acompañó ningún baremo ni documento alguno en el que constase la evaluación de los afectados conforme a los criterios pactados con la Mesa Negociadora, ni de manera individual por cada criterio, "ni tan siquiera el resultado final o ponderado", advierten en su escrito. Tampoco figuraba --añaden-- ninguna otra evaluación realizada con arreglo a ningún criterio.

Ante esta "carencia" de valoraciones, los exempleados solicitaron acceso a sus datos de carácter personal en poder del EIGE, tales como documentos que obraran en sus expedientes, perfiles o capacidades técnicas y el baremo concreto que se aplicó en la valoración de sus datos con la finalidad de determinar la adscripción al ERE.

Currículos sin actualizar

Como consecuencia de este requerimiento, los exempleados comprobaron que la documentación que obraba en poder de la entidad se reducía a currículums desactualizados en más de diez años, incidencias relativas a bajas médicas, ejercicio del derecho de huelga, reducciones de jornada y permisos sin sueldo, además de copia de los contratos y reclasificaciones y, en algunos casos, diversas nóminas.

Sin embargo, se percataron de que no quedaba acreditado "en modo alguno" cómo se había valorado la polivalencia y capacidad técnica en base a currículums desactualizados y, fundamentalmente, sin que existieran baremos ni documentos algunos en los que se evaluasen a los interesados a efectos del ERE.

Por ello, entienden que la gerencia del Ivvsa actuó "de forma injusta" al elaborar la lista de afectados por el ERE "por no aplicar los criterios previstos en el acuerdo alcanzado con la Mesa Negociadora y ni tan siquiera cualesquiera otros, elaborando la lista de afectados únicamente en base a su voluntad unilateral, en cuanto que no permitió participación alguna de la otra parte negociadora".

Así mismo, advierten de que era "plenamente consciente" de la "injusticia" que cometía, "en cuanto que por la calidad con la que actúa en dicho pacto no puede alegar desconocimiento del valor vinculante del mismo, sin desautorizar la propia validez del acuerdo alcanzado".

Ante esta situación, los extrabajadores solicitan a Fiscalía que abra diligencias de investigación y que requiera a la entonces gerente del Ivvsa Inmaculada García Pardo y, en su caso, a los propios implicados, toda la información relativa a la participación del equipo directivo en la elaboración del listado de trabajadores afectados en el ERE. También reclaman que pidan al EIGE diferente documentación y los baremos aplicados.