Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
PSE DE ÁLAVA

El Superior vasco imputa a dirigentes socialistas alaveses por estafa

Investiga los pagos a la empresa del ex secretario general Txarli Prieto, que presuntamente realizó trabajos de reformas en varias sedes del PSE

El parlamentario socialista Txarli Prieto, en una sesión reciente de la Cámara vasca.
El parlamentario socialista Txarli Prieto, en una sesión reciente de la Cámara vasca.

El exsecretario general del PSE-EE de Álava, Txarli Prieto, y el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo necesitan abogado. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les ha imputado por un presunto delito de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, en el pago de las obras realizadas en varias sedes del Partido Socialista a una empresa vinculada a Prieto. El tribunal estima que hay indicios de que determinados cobros se hubieran podido efectuar por unas obras que, en realidad, no se habrían realizado, y que fueron financiadas por una partida del Ministerio de Interior destinada a reforzar la seguridad de las sedes de partidos políticos. Por estos trabajos se emitieron unas facturas de más de 50.000 euros y el TSJPV deberá dilucidar si esas facturas "se corresponden a trabajos efectivamente realizados" en locales del PSE o si los denunciados acordaron emitirlas con ánimo de lucro para no perder la asignación que anualmente aportaba el PSOE "para sufragar gastos de seguridad" ante la amenaza terrorista, según consta en el auto del pasado julio. Ambos han sido citados a declarar en calidad de imputados el próximo día 30.

La actividad política y

la empresarial de Prieto

se solaparon

durante tres años

Prieto declaró ante el fiscal y ante los medios de comunicación que las contrataciones se hacían por razones de "seguridad" y confianza" en unos momentos en los que la actividad de ETA condicionaba ese tipo de trabajos. La empresa Escoiba cumplía con esos requisitos y dijo que se había recurrido a ella durante más de 15 años para trabajar en las sedes que habían sufrido ataques o necesitaban reformas. Prieto estuvo vinculado a Escoiba entre 1992 y 2012, pese a que empezó en política de forma profesional desde 2009. Txarli Prieto es diputado en el Parlamento vasco desde las elecciones autonómicas de marzo de 2009, aunque antes fue apoderado en las Juntas Generales alavesas, y ejerció como secretario general del PSE-EE de Álava entre 2005 y septiembre de 2014. Víctor García Hidalgo, actual secretario provincial de Organización, fue director general de la Policía entre 2004 y 2006 y estuvo imputado -aunque finalmente fue excluido del proceso- en el caso Faisán, el bar de Irun (Gipuzkoa), donde supuestamente se produjo el chivatazo a ETA que desmontó una operación contra su aparato de extorsión en 2006.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJPV, a través de un auto dado a conocer a primera hora de la tarde, ha incoado diligencias previas por las presuntas irregularidades en el cobro de estos trabajos, que fueron encargados por el PSE a una empresa vinculada a Prieto. Además, indica que el Partido Socialista que "puede aportar facturas o presupuestos de los daños". La decisión del TSJPV puede impugnarse a través de recurso de reforma o recurso directo de apelación.

La denuncia, anónima, y presentada el pasado mes de abril, se enmarca en el contexto de unas deterioradas relaciones en el seno del PSE de Álava, que ha sufrido prácticamente una escisión entre los críticos y los oficialistas que respaldaban a  Prieto. En un auto dictado el pasado 9 de julio, la Sala se declaraba competente para investigar la denuncia presentada por el Ministerio Público contra Prieto y García, con el argumento de que puesto que los hechos podían revestir carácter de delito, resultaba ineludible la comprobación de los hechos denunciados. El Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, presentó el pasado 24 de junio, ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la denuncia contra Txarli Prieto y Víctor García, después de que el 17 de junio la Junta de Fiscales de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco decidiera presentar la denuncia.