Ciudadanos propone dos años de sueldo oficial para los expresidentes

Ciudadanos propone un estatuto para los expresidentes regionales que establecería un régimen de incompatibilidades “muy estricto” y de dos años de duración con el que se evitarían las puertas giratorias con empresas privadas. “Sería una forma de impedir la tentación de gobernar para intereses empresariales al final de los mandatos”, razona Ignacio Aguado, portavoz en la Asamblea de Madrid. Los exdirigentes de Madrid tendrían asegurada en ese tiempo una remuneración similar a la que cobraban como presidentes. Pasados los dos años, podrían fichar por cualquier compañía sin ningún impedimento.

 El estatuto para los presidentes de la Comunidad de Madrid que el partido de Albert Rivera está elaborando responde a la eliminación del Consejo Consultivo autonómico, en el que los exmandatarios tienen garantizado un sueldo vitalicio de 5.500 euros netos mensuales (8.500 brutos), además de coche oficial y secretario. Esperanza Aguirre lo creó en 2007 y su función es emitir dictámenes para el Gobierno regional. Los 11 miembros del Consejo, nueve vinculados al PP y el resto al PSOE, se reúnen por lo corriente una vez a la semana en la sede que la institución tiene alquilada en la Gran Vía, una de las zonas más caras de la capital.

La supresión del organismo, prevista para octubre e innegociable para Ciudadanos, es una de las condiciones más destacables del pacto de 76 puntos que permitió a Cristina Cifuentes (PP) ser investida presidenta. “Así como exigimos el cierre del Consejo Consultivo, entendemos que los expresidentes regionales merecen tener un trato respetable, pero sin los privilegios de los que todavía disfrutan”, indica Aguado.

La propuesta de estatuto de Ciudadanos incluye el “reconocimiento honorífico” de los dirigentes que ha tenido Madrid. Joaquín Leguina fue el primer presidente regional (1983-1995) y el único del PSOE.

Le siguieron Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003), Esperanza Aguirre (2003-2012) e Ignacio González (2012-2015), todos del PP. Igual que Cifuentes, la quinta presidenta de la Comunidad. De los presidentes retirados, Aguirre es la única que no está en el organismo.

Aguado es partidario de acabar con lo que muchos políticos, incluidos responsables relevantes del PP y del PSOE, consideran un retiro dorado. “Entendemos que una medida justa es que tengan garantizado un salario los dos años posteriores a haber ejercido como presidentes”, apunta Aguado.

Periodo de gracia

Durante ese periodo —se haría una excepción con los exmandatarios actuales: todos estarían cubiertos por ese periodo de gracia de dos años—, el reciclaje en el sector privado sería muy limitado por ley. La remuneración que los políticos recibirían está por concretar, pero podría oscilar en un baremo entre el 80% y el 100% del sueldo que los dignatarios cobraban cuando estaban en activo. Como ejemplo, el sueldo de González fue de 103.000 euros brutos al año, unos 4.800 netos al mes.

El portavoz de Ciudadanos incluyó la desaparición del Consejo Consultivo entre las líneas rojas del acuerdo con Cifuentes tras relajar su posición respecto a la celebración obligatoria de primarias para elegir a los candidatos de las formaciones políticas. Un requisito que Cifuentes comparte, pero que aun así era todo un obstáculo para mantener el Gobierno de Madrid, ya que el PP es el único partido que no las realiza.

Madrid fue la última comunidad autónoma en crear su Consejo Consultivo, que resultó ser el más caro de todos. Su cierre supondrá un ahorro de 3,6 millones de euros para las arcas regionales, de acuerdo con los cálculos del Ejecutivo. Cifuentes quiere reemplazarlo por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, que ahora no existe y ejercería sus funciones con “autonomía jerárquica, orgánica y funcional”. En contra de lo previsto inicialmente, la oposición podrá presentar enmiendas al proyecto de ley que el Ejecutivo remitió hace dos semanas al Parlamento autonómico. Esto es, que la tramitación de la ley no será por lectura única, como Cifuentes esperaba de entrada.

El nuevo organismo estaría compuesto por entre seis y diez miembros. Los vocales desempeñarían su función por periodos de seis años, podrían volver a ser nombrados el mismo tiempo y serían elegidos entre el cuerpo de letrados de la Comunidad de Madrid. Deberían ser funcionarios de carrera con más de 10 años de antigüedad y estar adscritos a la Abogacía General madrileña.

El Gobierno de Cifuentes sostiene que la nueva Comisión Jurídica Asesora no supondría un incremento de los puestos de trabajo ni de la plantilla del personal de la Comunidad.