Obra pública congelada

Santi Vila se presentó como consejero de Territorio con el compromiso de tender puentes con Madrid. Acababa así con la actitud de su antecesor, Lluís Recoder, siempre crítico con cualquier decisión tomada desde el Gobierno central. Lo cierto es que Vila ha mantenido una viva relación con la ministra de Fomento, Ana Pastor: críticas limitadas y muchas reuniones. Y acuerdos, o compromisos. Esos anuncios tenían que permitir compensar la exigua capacidad financiera de la Generalitat, cuyas inversiones en obra pública se hallan deprimidos a niveles de 1999. Pero los pactos no han sido correspondidos con dinero y la inversión presupuestada del Estado en Cataluña cayó un 15% entre 2013 y 2015. Pocos avances pues en materia de infraestructuras en Cataluña durante la última legislatura.

Pero el consejero puede jactarse de algunos acuerdos relevantes, aunque solo uno lo ha podido ver ejecutado. Lo acordó con el Ministerio de Fomento y la concesionaria Abertis para sacar los camiones de la N-II en Girona, uno de los puntos negros de la red viaria catalana. En Tarragona, en este caso por la N-340, ansían un acuerdo similar que rebaje la siniestralidad que acumula la carretera.

El otro gran acuerdo lo cerró con la banca para conseguir los 250 millones de euros que le faltaban para culminar las obras de la línea 9 del metro entre Diagonal y el aeropuerto de Barcelona, evitando así un nuevo retraso. Los asistentes al World Mobile Congress podrán utilizarla en febrero próximo y estrenar la estación que lleva años esperando en el subsuelo del recinto ferial de L'Hospitalet de Llobregat.

Y otros compromisos ha arrancado de Fomento. Desencalló la fórmula para construir los accesos viarios y ferroviarios al Puerto de Barcelona e incluso obligó a Pastor a que se comprometiera a poner en marcha una lanzadera de tren que una el centro de Barcelona con el aeropuerto con una frecuencia de 15 minutos. Pero esos proyectos continúan a la espera, pese a la colocación de primeras piedras, como otros que siguen en la carpeta de pendientes del Gobierno central en Cataluña.

La Generalitat, sin recursos, ha buscado compromisos de inversión por parte del Estado

La patronal Fomento del Trabajo desgranó antes del verano una veintena de proyectos que no avanzaban pese a llevar años con los proyectos listos. Hay uno, considerado prioritario por la Unión Europea, que preocupa especialmente. Se trata del Corredor Mediterráneo, que debería ser una de las principales puertas de salida de las exportaciones de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. El sucedáneo aprobado, consistente en montar en algunos tramos un tercer raíl a la vía actual para adaptarse al ancho internacional, va igualmente con retraso, como demuestra el hecho de que las obras entre Martorell y Castellbisbal estén paralizadas pese a que se licitaron hace dos años.

Pero el problema más recurrente de Fomento en Cataluña ha sido otro, mucho más popular para sus centenares de miles de usuarios diarios: Rodalies. Pese las buenas intenciones de Vila y Pastor, la red de corta distancia ferroviaria ha seguido siendo una fuente de encontronazos entre ambas Administraciones. Fomento, Adif y Renfe han acabado admitiendo en uno u otro momento que el servicio no era el que tocaba y la Generalitat ha acabado arrancando una inversión de más de 300 millones. Una mejor señalización en los túneles de Barcelona y el desdoblamiento de vía entre Montcada i Reixac y Vic son las principales operaciones previstas, aunque muchas se han caído de la lista de 4.000 millones que pactó —e incumplió— el PSOE con el Tripartito.

Cataluña sigue teniendo otras obras pendientes que llevan más de una década esperando. Desde la B-40 (conocido como Cuarto Cinturón) a la conexión de la AP-7 con la A-2 en Castellbisbal. Desde el desdoblamiento de la N-II al de la N-340. O la estación de la Sagrera, cuya finalización en 2019 es solo una previsión.