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OPINIÓN

Patrimonialismo plebiscitario

Colocar las elecciones el 27 de septiembre, cuando el 69% del área metropolitana de Barcelona estará de puente, no parece la mejor forma de promover una participación histórica

El concepto patrimonialismo plebiscitario lo acuña el politólogo Stephen Hanson en un artículo publicado en 2011 en la revista de la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales bajo el título Plebiscitarian patrimonialism in Putin's Russia. Hanson sostiene que las elecciones presidenciales rusas del 2008 son una forma de patrimonialismo plebiscitario. Tras agotar el máximo de dos mandatos presidenciales consecutivos que fija la Constitución, Putin se resistía a dejar el poder, por lo que designó al manejable Medvédev candidato a presidir la Federación Rusa.

Medvédev ganó las elecciones y durante su mandato actuó al dictado del primer ministro designado ad hoc: Putin. Medvédev nunca se planteó presentarse a la reelección. Era un hombre de paja. Tras un único mandato se quitó de en medio para que Putin pudiera recuperar la presidencia, su presidencia. El patrimonialismo plebiscitario, según Hanson, combina la concepción del Estado como si fuera una propiedad privada del gobernante —característica del patrimonialismo clásico descrito por Max Weber— con mecanismos electorales democráticos. Así, cualquier desafuero vale mientras el pueblo lo refrende en las urnas.

No pretendo establecer aquí una comparación entre el caso catalán y el caso ruso, ni entre Putin y Mas, ni siquiera entre sus respectivos hombres de paja, Medvédev y Romeva. Los antecedentes históricos y las condiciones políticosociales de ambos casos son muy diferentes. Sin embargo, salvadas todas las distancias, la estrategia de fondo sí es parecida, y el concepto de patrimonialismo plebiscitario me parece perfectamente aplicable al análisis de la situación política que vive Cataluña en puertas de las elecciones del 27 de septiembre.

Solo alguien convencido de que Cataluña y sus instituciones de autogobierno le pertenecen es capaz de convocar unas elecciones de manera tan ventajista como lo ha hecho Mas con motivo del 27-S. Lo demuestra el solo hecho de que las elecciones se celebren el 27 de septiembre con la indisimulada intención de que el inicio de la campaña electoral coincida con la celebración de la Diada, convertida en los últimos tres años en una kermés independentista. La campaña electoral empieza, así, menoscabando la neutralidad institucional con un fastuoso homenaje a dos de las formaciones concurrentes, Junts pel sí y la CUP, con la ANC y Òmnium como jueces y parte.

Colocar unas elecciones que se pretenden trascendentales el 27 de septiembre, cuando el 69% del área metropolitana de Barcelona —casi un tercio de la población total de Cataluña— estará de puente, no parece la mejor forma de promover una participación histórica. Qué casualidad que el área metropolitana de Barcelona sea junto con la de Tarragona la zona más refractaria a las tesis independentistas, como se pudo comprobar tanto en la consulta alternativa del 9-N como en las últimas elecciones municipales. Además de perder la alcaldía de Barcelona, los partidos independentistas cosecharon en las elecciones de mayo un resultado calamitoso en ciudades como Hospitalet y Badalona, la segunda y la tercera más pobladas de Cataluña. Pretender un resultado histórico al mismo tiempo que se favorece la abstención del área donde se concentra más de la mitad de la población tampoco parece la fórmula más democrática.

La ofuscación de Mas es tal que no solo está dispuesto a proclamar la independencia en contra de la Constitución y del Estatut, sino incluso en contra de la mayoría de los catalanes

Mención aparte merece la voluntad proclamada por Mas de sacar adelante la secesión aun en el caso de que las fuerzas independentistas obtengan la mayoría absoluta en escaños pero no en votos. Es lo que tiene concebir Cataluña como una propiedad privada. Su ofuscación es tal que no solo está dispuesto a proclamar la independencia en contra de la Constitución y del Estatut, sino incluso en contra de la mayoría de los catalanes.

Los independentistas pretenden utilizar unas elecciones autonómicas ordinarias para someter a votación una ilegalidad. Y encima Junqueras, en la anómala entrevista que recientemente le hizo TV3 nada menos que como ¡jefe de la oposición!, exigía a los que él denomina “partidarios del no” que respeten el resultado de las elecciones. Pero ¿qué significa para él respetar el resultado de las elecciones? Porque si se refiere a aceptar que el ganador o ganadores tendrán derecho a formar Gobierno y a desplegar su programa en todo aquello que se ajuste a la legalidad y dentro del ámbito de competencias de la Generalitat, eso está hecho. No faltaba más. Pero lo que no es de recibo es que un gobernante decida sin encomendarse a Dios ni al diablo que la Constitución y el Estatut son papel mojado, y que encima pretenda que el conjunto de los ciudadanos respeten y respalden su desafuero.

Los ciudadanos de Cataluña tenemos el 27-S la oportunidad de demostrar que Cataluña no es propiedad de los nacionalistas. No deberíamos desaprovecharla.