Tres testigos del ‘caso Aznalcóllar’ desacreditan informes policiales

La juez que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) ha retomado este lunes la causa con la comparecencia de tres testigos, cuyas declaraciones han desacreditado varios informes policiales. El experto ornitólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Juan José Negro ha reconocido ante la magistrada que su informe, en el que alertaba de "errores de bulto" en la propuesta ganadora, lo hizo tras analizar los seis folios que le facilitó la UDEF, de los 3.000 que componen el proyecto presentado por Minorbis-Grupo México. La ronda de declaraciones continuará el jueves con la de la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio, imputada a mediados de agosto por presunta prevaricación.

En su informe, Negro señalaba que en el proyecto de Minorbis existían errores sobre el uso del agua y así lo ha reiterado este lunes ante la juez. "Había errores aritméticos que yo he detectado y he puesto de manifiesto y he defendido en mi comparecencia", ha dicho Negro a los periodistas tras declarar, informa Europa Press. El ornitólogo ha señalado que su informe se basa en los seis folios que le entregó la UDEF y que desconocía que el proyecto ganador tenía 3.000 documentos, de los cuales casi 200 eran relativos a los aspectos hidrológicos. Los errores detectados por Negro se centraban en todo lo relativo a las "aguas superficiales y en algunos parámetros que tienen importancia en la configuración final del ciclo del agua". La juez investiga la adjudicación de la mina tras la denuncia presentada por la empresa perdedora, Emerita, y considera que se hizo sin "el más mínimo rigor".

La consultora de ingeniería y arquitectura Ayesa, que elaboró para Minorbis el proyecto de explotación de agua, mantiene que Negro ha cometido un "grave error metodológico" en su informe, lo que le ha llevado a "conclusiones incorrectas", al estimar que cuando "el señor Negro cuestiona datos y niega que estén justificados, ocurre simplemente que los datos están en otro apartado que él omite referenciar". Sin embargo, fuentes de la defensa de Emerita mantienen que el proyecto sobre el ciclo del agua de Minorbis se limitaba a esos seis folios. "Los otros 3.000 folios no importan porque están llenos de paja y literatura", afirman dichas fuentes, que añaden que existen contradicciones en la propuesta ganadora. Ayesa ya remitió a la magistrada Patricia Fernández un informe aclaratorio sobre este asunto.

La juez también ha tomado declaración este lunes a un trabajador de la mina y al encargado de la depuradora. Entre otras cuestiones, los empleados han asegurado que la depuradora funciona "perfectamente" y que "nunca se ha abandonado", contando con dos líneas de depuración, una de 500 metros cúbicos que se mantiene "a diario" y una segunda línea que no se mantiene porque su uso no es necesario, pero que en caso de que se quisiera usar estaría disponible "en una semana". Estas declaraciones también chocan con otro informe de la UDEF en el que denunciaba, el pasado julio, que no funcionaba el sistema de tratamiento. También alertaba de un posible vertido de agua contaminante.

Al igual que defendió la Junta de Andalucía en su día, los dos trabajadores han señalado este lunes que la depuradora no se utiliza porque, según estableció la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la cota de agua tiene que ser de 20 metros para "arrancar" dicha depuradora y, al menos, en el último año y medio esa cota no se ha superado. Por esta razón, el Gobierno andaluz señaló en julio que no ha sido necesario depurar agua desde 2014, ni prevé que se haga antes de la reapertura de la mina.

Tras la comparecencia de estos tres testigos, el jueves declararán los primeros imputados, entre ellos María José Asensio, cesada el pasado agosto. Además de a la anterior directora de Minas, la juez ha imputado a un interventor de este departamento, a una letrada de la Administración autonómica y a cuatro miembros de las comisiones técnicas y de contratación. Están acusados de posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal en la concesión.