Junts pel Sí repesca el anterior decreto de pobreza energética

La llamada tregua invernal fue el mecanismo que el Gobierno catalán creó en 2013 para evitar que a las familias sin recursos se les cortara la electricidad. La medida, pionera en el Estado, fue recurrida por el Gobierno central al considerar que invadía sus competencias. Sin embargo, ya las entidades sociales habían criticado su alcance: el decreto postergaba la deuda hasta la primavera y solo se acogieron 895 familias. A pesar de ello, la candidatura de Junts pel Sí apuesta en su programa electoral por rescatar este decreto como herramienta principal en la lucha contra la pobreza energética.

Las últimas cifras oficiales del Instituto Catalán de Estadística, de julio pasado, aseguran que el 9,5% de los catalanes sufre pobreza energética, unas 683.000 personas. Se trata de una cifra sobre la que no hay consenso, pues el Departamento de Empresa y Ocupación calcula que 136.000 catalanes (50.000 familias) han recibido ayudas para pagar los recibos por parte de Ayuntamientos y entidades sociales.

La llamada tregua invernal, aprobada en diciembre de 2013, fue una de las exigencias de Esquerra Republicana para apoyar los Presupuestos del año siguiente. El proyecto de cuentas fue recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional (TC), lo que obligó a una prórroga. El texto, que era una modificación del Código Catalán de Consumo, entre otras cosas definía quién era pobre energético y marcaba cómo tenía que ser el itinerario de las unidades familiares que quisieran optar a la ayuda, que en ese momento se limitaba a la electricidad y el gas.

Las familias tenían que cumplir tres requisitos. Sus ingresos no podían superar los 7.967,73 euros anuales; tenían que demostrar que se habían aplicado todas las medidas para reducir el consumo y, finalmente, tener contratado el bono social. Estas condiciones tenían que ser certificadas por los Servicios Sociales de los Ayuntamientos. Ese documento tenía que ser llevado ante las empresas suministradoras, que congelaban las facturas hasta después del invierno.

Las entidades sociales y los Ayuntamientos de todos los colores no tardaron en alertar de que el trámite era demasiado engorroso y la solución podía no valer la pena. “Cuando no tienes dinero para pagar una factura la prórroga da igual, solo se alarga la agonía”, explica Mercè Darnell, responsable de programas de Cáritas. Una crítica similar hizo la Mesa del Tercer Sector en su día. Esta entidad presentó ayer un balance de la legislatura en los aspectos sociales y puso como una de las cuestiones a mejorar “la simplificación de los trámites”. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, calificó el texto de “tímido” y criticó con dureza que no se le diera la publicidad necesaria. Empresa aceptó que solo 895 personas se acogieron al programa. Solo en 2013, el Ayuntamiento de Barcelona dio ayudas a 2.842 familias. Cáritas hizo lo propio con 1.700.

Junts pel Sí, según el programa, justifica la recuperación del decreto por su “voluntad de ejercer la soberanía real”. Y, en primer lugar, enumera las normas de corte social que han sido recurridas ante el TC por considerar que invadían competencias. Por ello propone “aplicar el decreto de pobreza energética 6/2013, aprobado por el Parlament”.

En específico, el Gobierno central objetó que la Generalitat creara una definición de pobre energético y creía que las medidas impactaban “sobre los ingresos del sector eléctrico”. El Gobierno catalán y ERC salieron a defender su decreto, obviando las críticas por parte de las entidades e instituciones que, finalmente, terminaron pagando las facturas de las personas vulnerables. Y añadieron el hecho a la lista de agravios contra España. Para garantizar la ayuda, Empresa anunció la puesta en marcha de un fondo para pagar los recibos. La idea es que las empresas suministradoras pongan dinero. A día de hoy no han puesto un euro.