Desarticulada una red que explotaba a inmigrantes en bares de Salou

Más de ocho meses de investigación policial se han cerrado este lunes con la detención de seis personas y la desarticulación de una banda que se dedicaba a explotar a trabajadores de origen indio en bares y restaurantes de Salou (Tarragonès). La actuación, que ha sido coordinada por la Policía Nacional de manera conjunta con la Guardia Urbana de Salou y Vila-seca, ha sacado a la luz que la banda coaccionaba a una cuarentena de inmigrantes para que trabajasen en condiciones muy penosas, con jornadas de hasta 15 horas, sin ningún día de descanso semanal y con un salario mísero. La banda se aprovechaba de la situación de necesidad de los trabajadores para descontarles parte del sueldo arguyendo unos supuestos gastos por alquiler y manutención. Sin embargo, según informa la policía, los trabajadores residían hacinados en "espacios de reducida habitabilidad" y entre escasas condiciones de higiene y salubridad.

Durante la operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, se han practicado siete registros domiciliarios e inspeccionado 14 locales entre Salou y Vila-seca. Técnicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona también han colaborado en las diligencias.

La colaboración e información directa recibida por parte de los ciudadanos fue la que llevó a los agentes a comenzar las investigaciones el pasado mes de enero. En las pesquisas realizadas se pudo comprobar cómo un grupo integrado por diferentes personas de origen indio, y que son familiares entre sí, actuaba de manera estructurada en diferentes locales y establecimientos de hostelería de su propiedad.

La investigación arrojó que el entramado familiar estaba compuesto por seis personas, de las que cuatro tenían nacionalidad española. El padre, cabeza de la trama, era el encargado de marcar las directrices al resto del grupo. Los dos hijos se dedicaban a supervisar y administrar los diferentes locales y, asimismo, eran los responsables de manejar la recaudación de los negocios. La mujer, a su vez, colaboraba con actividades de mantenimiento y control de los establecimientos. La familia contaba con un hombre de confianza que actuaba en su representación para la ejecución de diferentes tareas. Un último miembro, conocedor de las condiciones de los trabajadores, figuraba como administrador de las sociedades que controlaban los distintos negocios hosteleros.

Desglosa la policía que, a pesar de que las condiciones de trabajo eran inexcusablemente precarias, los trabajadores aceptaban la faena movidos por la necesidad de regular su situación en el país y poder "enviar dinero a sus familias". De esta situación se aprovechaban los miembros del clan, amenazándoles con no renovarles su contrato. En cualquier caso, el contrato era papel mojado porque las condiciones acordadas eran raramente respectadas y las jornadas de trabajo se alargaban durante más allá de las 12 horas. Asimismo, la falta de descanso semanal era una constante y, "con frecuencia y de manera injustificada", eran reubicados en los diferentes locales de los que disponía la trama. Se les exigía, además, anticipar seis meses de cuotas a la Seguridad Social para asegurar y mantener su contrato de trabajo, el cual es indispensable para la renovación anual de su permiso de residencia.

La banda era muy hábil a la hora de desviar su contabilidad y para eludir la declaración del dinero recaudado utilizaban un entramado de cuentas bancarias, en las que realizaban ingresos de poca entidad para pago de recibos, manejando el resto en mano. Indican los investigadores que, de la misma manera, en las transferencias internacionales que realizaban "nunca superaban la cifra de 3.000 euros", límite establecido por la normativa para la prevención del "blanqueo de capitales".

En los registros efectuados se ha intervenido, además de diversa documentación, vehículos de alta gama, más de 40.000 euros en metálico, 864 dólares, 250 libras esterlinas, 20.810 rupias indias, 160 rublos rusos, así como diverso material tecnológico e informático. También han sido arrestadas dos personas alojadas en uno de los pisos de la red sobre las que pesaban sendas reclamaciones judiciales.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, defraudación a la Seguridad Social y favorecimiento de la inmigración ilegal.