Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Aragón derogará la ley que denomina ‘lapao’ al catalán

Lambán reivindica “el orgullo” de la existencia de catalanoparlantes

La lengua que se habla en la franja de Aragón dejará de llamarse LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental) y volverá a ser lo que siempre había sido, catalán. El presidente autonómico Javier Lambán (PSOE-Aragón) anunció ayer que derogará “próximamente” la ley lingüística aprobada en 2013 por el Gobierno anterior y volverá a la 2009, donde se reconocía el uso habitual de dicho idioma, junto con el castellano y el aragonés.

“Lejos de que nadie rechace reconocer la existencia de hablantes en catalán en Aragón, deberíamos proclamarlo como un orgullo”, aseguró Lambán, que no precisó cuándo se derogará la norma anterior. Los datos oficiales dicen que dentro del 1,2 millones de aragoneses hay 60.000 catalanoparlantes (especialmente en La Franja, en la zona occidental, limítrofe con Cataluña) y otras 12.000 personas utilizan el aragonés. La ley también rebautizaba a este último como Lengua Aragonesa Propia de las Áreas Pirenaica y Prepirenaica (LAPAPYP).

Lambán, que realizó el anuncio tras una entrevista con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, pidió que en Aragón se haga un “exorcismo de viejos fantasmas” y de “viejos complejos de inferioridad” de algunos sectores de la sociedad que “han alimentado un anticatalanismo absolutamente inconsistente e inconsecuente”.

En mayo de 2013, el anterior gobierno aragonés, conformado por el Partido Aragonés (PAR) y el Partido Popular, aprobó con su mayoría la ley lingüística, con los votos en contra de toda la oposición (PSOE, CHA e IU). El PP sostuvo que la norma permitía darle más protección a las lenguas minoritarias, pero los detractores vieron una voluntad manifiesta de esconder al catalán y al aragonés.

La norma establecía la creación de la Academia Aragonesa de la Lengua, que debería, por ejemplo, determinar topónimos. También reconocía el derecho a recibir la enseñanza de las lenguas propias en sus zonas de uso históricamente predominante. Esta educación, sin embargo, sería voluntaria y que se garantizará mediante “una oferta adecuada”, según el texto.

La polémica por la aprobación hizo que un grupo de 63 diputados en las Cortes Generales llevaran la ley ante el Tribunal Constitucional en agosto de 2013 por considerarla “irrisoria” y “discriminatoria”. El recurso argumentaba que la norma vulneraba el Estatuto de Autonomía de Aragón y varias convenciones internacionales sobre temas lingüísticos, como la Carta Europea de Lenguas Minoritarias.

Iceta aprovechó la reunión para asegurar que, en caso de obtener la mayoría en las próximas elecciones catalanas, arreglaría el histórico conflicto de los bienes religiosos que enfrenta a Aragón y Cataluña: “Si fuera presidente, en un año o lo resuelvo o me voy”, aseguró el líder catalán. Lambán recordó que las obras de arte y elementos sacros deben volver a Aragón “en cumplimiento de sentencias judiciales”.