La patronal catalana alerta que el 27-S “genera tensión” en las empresas

Fomento del Trabajo, la gran patronal catalana, admitió ayer que las elecciones autonómicas del próximo 27 de septiembre han tomado “una dimensión política extraordinaria y excepcional” después de que dos de las candidaturas que se presentan propugnen la independencia de Cataluña. Siempre contraria al secesionismo y favorable al diálogo entre la Generalitat y el Estado, la organización empresarial avisó de que estos comicios generan “tensión y máxima preocupación desde la perspectiva económica y empresarial”.

Mas relativizó la posición de Fomento y recordó que muchas entidades empresariales apoyan el proceso soberanista

Era habitual que Fomento, defensor del diálogo entre la Generalitat y el Estado y que siempre ha condenado los planteamientos unilaterales, presentara a los partidos sus peticiones ante citas electorales. Ayer lo volvió a hacer con el envío a las diferentes formaciones representadas en el Parlamento catalán. En esta ocasión, la gran diferencia se encuentra en el prólogo de las propuestas, en el que destaca la singularidad de la convocatoria del 27-S, planteada por las candidaturas de Junts Pel Sí —integrada por CiU, ERC y plataformas soberanistas— y la CUP como un plebiscito independentista. Es justo ese planteamiento uno de los que no gustan a la patronal, que “vindica el carácter” de los próximos comicios como unas elecciones autonómicas normales (y no plebiscitarias), como “dispone el documento de convocatoria formal” firmado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

La publicación del documento con las peticiones reclamadas por Fomento, que defiende un futuro Gobierno autonómico “dentro del marco legal, en un entorno de seguridad jurídica de libertades, derechos y obligaciones y con la estabilidad necesaria”, coincidió con la de otro manifiesto favorable al derecho de autodeterminación.

Este último documento, titulado Los empresarios con el Parlament de Catalunya, lo suscriben otras organizaciones empresariales con menos asociados, algunas de ellas vinculadas también a Fomento del Trabajo, como es el caso de la vallesana Cecot. Entre la treintena de entidades que se han adherido se encuentran también la patronal Pimec y FemCat y está previsto que se presente en sociedad el próximo jueves en un acto en el que se solemnizará el “apoyo incondicional al proceso iniciado por el Parlamento” partiendo de lo que salga de las urnas, según reza el manifiesto.

Ese apoyo le sirvió ayer al Gobierno catalán para zafarse de la carta de Fomento, al sostener que el empresariado es “diverso y plural”. “Nos consta que hay un número importante de organizaciones empresariales que han formado parte del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y que en los próximos días reiterarán el compromiso con el proceso en un acto en Barcelona”, señaló la portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté. En una cena con empresarios en Girona, Artur Mas también relativizó la posición de Fomento: "Se generaliza diciendo que las posiciones dentro del mundo económico son contrarias pero muchas entidades, que representan la gran mayoría del mundo empresarial, ya se mojaron en su momento", dijo en alusión al Manifest del Far, que 25 organizaciones empresariales firmaron en 2014 mostrándose favorables al derecho a decidir y a respetar la decisión que arrojen las urnas, informa Marta Rodríguez. Y agregó: "Cuidado cuando se habla del mundo económico y empresarial como si estuviera reducido a pocas personas olvidándose de un montón de gente que representan a la economía global del país".

Las diferencias entre organizaciones se han hecho evidentes por la imposibilidad de celebrar un acto de reivindicación empresarial consensuado por todas las patronales. La independencia es la línea roja que caracteriza a Fomento del Trabajo, que sí ha demandado en cambio una mejora significativa del sistema de financiación de Cataluña y no ha dudado en denunciar la escasa inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña.

Ayer volvió a la carga, al denunciar que los sucesivos Gobiernos del Estado han destinado recursos “inferiores” a los “compromisos políticos” contenidos en la disposición adicional tercera del Estatuto, que obligaba a invertir en la comunidad el equivalente a su peso en el PIB nacional, de un 19%. El promedio de los tres últimos años presupuestados (2014, 2015 y 2016) —sigue— se habría situado en torno al 10%. Especial referencia hace al “impulso necesario y urgente al Corredor Mediterráneo”. No obstante, la principal batería de demandas de la patronal se centra en el marco fiscal. Denuncia que en los últimos años la economía catalana se ha visto afectada por un aumento de la presión fiscal, lo que habría perjudicado la capacidad para captar nuevas inversiones. Se refiere a la imposición marginal máxima sobre el impuesto de la renta (del 56%), que reclama eliminar, igual que aboga por suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio y volver a reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modificado en varias ocasiones.