La Fiscalía denuncia a la patronal de Castellón por fraude en la formación

La Fiscalía de Castellón ha solicitado que los responsables legales de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) y de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) declaren como imputados en la causa abierta por un presunto fraude en cursos de formación que investiga el juzgado de Instrucción 1 de Nules. La petición de declaración de los dos presidentes, tal y como han informado desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, todavía no ha sido acordada por el juez instructor, por lo que no hay imputados. La causa abierta por el supuesto fraude salpica así también a la patronal valenciana.

Cierval fue la destinataria de una línea de subvenciones en los años investigados por 12 millones de euros a ‘repartir’ entre sus patronales filiales. La Fiscalía considera que una partida de 418.700 euros otorgada a la CEC para cursos de formación que gestionaron dos mercantiles (Consultoría y Estudios AGP y Centro de Oficios RF) podría ser fraudulenta al estimar que los cursos no se celebraron, algo que niega la CEC. El Ministerio Público presentó una denuncia que ha derivado en la apertura de una causa, a principios de julio, por un presunto delito contra la Hacienda Pública, en la modalidad de delito de fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal, y otro delito continuado de falsedad documental del artículo 392 en relación con el artículo 390 del Código Penal, este último en relación con las facturas presentadas a modo de justificación del destino de los fondos obtenidos.

La fiscalía señala como posibles autores de los hechos y pide su declaración como imputados a los responsables y legales representantes de las mercantiles Consultoría y Estudios AGP, Centro de Oficios RF, la CEC y la Cierval. “El juez ha acordado solicitar la documentación necesaria y, cuando se reciba se procederá, en su caso, a las declaraciones, que no están acordadas”, han indicado desde el TSJ.

La Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, ha explicado que la CEC retornó el dinero más los intereses al comprobar que Cierval no había justificado la citada partida de 418.700 euros referentes a Castellón. Posteriormente, Hacienda inició una investigación y detectó irregularidades en las dos mercantiles que eran proveedoras de la patronal castellonense. Hacienda detectó facturas irregulares por 258.500 euros que la empresa Consultores y Estudios AGP facturó a la CEC, y otras por importe de 160.200 euros de otro proveedor de la patronal, Centro de Oficios RM, y concluyó que había indicios de delito. El Servef llevó los documentos ante la Fiscalía a finales el pasado año.

Desde la CEC han reducido la investigación a un “asunto tributario” de las citadas mercantiles y aseguran haber sido la perjudicada al haber transferido el dinero para los cursos y, posteriormente, tener que devolverlo a la Consejería. La patronal, que asegura que los cursos sí se impartieron, ha recurrido vía contencioso la devolución de este importe.