Suspendida la declaración de Besteiro por nuevas revelaciones
El constructor de las polémicas torres de O Garañón señala a su propio abogado como la persona que se reunió con el líder de los socialistas gallegos para negociar la urbanización
José Ramón Gómez Besteiro no tendrá que acudir a declarar ante la juez Pilar De Lara mañana por la mañana, tal y como estaba previsto. Tampoco deberá asistir Xosé Clemente López Orozco, exalcalde socialista de Lugo, según les ha sido notificado esta mañana a sus defensas. Existen varias razones, pero la principal es la reciente declaración de Ricardo Iglesias, promotor de la urbanización de O Garañón que está siendo investigada por la magistrada titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo.
Según fuentes vinculadas con el caso, este señaló esta semana ante la juez a su propio abogado, Javier Calvo, presente en el acto, como la persona que intervino en las negociaciones para construir las polémicas torres junto al pulmón verde de la ciudad, el parque de Rosalía de Castro. En la versión que dio Iglesias, Calvo se reunía con Besteiro, entonces concejal de Urbanismo, después presidente de la Diputación de Lugo y hoy líder de los socialistas gallegos que temporalmente ha renunciado a sus aspiraciones en el Senado a causa de la imputación.
Además, la juez ha decidido suspender las declaraciones al límite porque los agentes de Aduanas que investigan la trama no han recibido todavía la información relativa a los imputados en el caso Garañón que han solicitado a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias. Toda esa documentación es clave para llevar a cabo los interrogatorios de Besteiro y Orozco, lo mismo que escuchar antes la versión de los hechos que pueda ofrecer el letrado Javier Calvo, ahora también imputado (por tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio) y citado para prestar declaración el 17 de septiembre.
La juez quiere saber si es cierto que el abogado que ejerce la defensa del constructor se reunía con Besteiro o si había otros protagonistas en aquellas citas previas a la aprobación del plan urbanístico favorable a los intereses de la promotora por parte del Ayuntamiento de Lugo. Además, reclama a Ricardo Iglesias el listado de todos los propietarios de los pisos de las promociones investigadas por si quieren emprender acciones legales y solicitar la declaración de perjudicados.
Por otra parte, el jefe de Urbanismo, José María González, ha negado haber intervenido en la elaboración del convenio urbanístico. Cuando la magistrada le preguntó si como jurista y responsable del departamento no debería haber participado, y quién lo hizo en su lugar, González respondió que no sabía. Que a él le dieron el borrador del convenio ya elaborado y que se limitó a hacer el informe. Después añadió que suponía que habían sido "los políticos". En todo caso, puntualizó que el convenio era legal, que no tenía irregularidades y que por eso no introdujo ninguna modificación.
De Lara imputa los delitos de prevaricación, cohecho, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas al secretario general de los socialistas gallegos. A Orozco, imputado también por la juez en la Pokémon, le atribuye los mismos excepto el de cohecho. Según la investigación, Gómez Besteiro compró supuestamente mediante un contrato privado el 30 de diciembre de 2004 un piso, un acuerdo que luego fue elevado a público el 31 de mayo siguiente. Según el juzgado, en diciembre consta que el político pagó 36.000 euros en metálico como señal, una cantidad que los investigadores no saben de dónde sale y que vulneraría la normativa sobre blanqueo. El resto, hasta 138.232,78 euros, se pagó supuestamente en cheque, pero el juzgado tampoco conoce la procedencia. Este era el precio de tasación hipotecaria ocho años antes de realizarse la operación: según un informe pericial, el valor en el momento de la compraventa debía ser de 170.000 euros.
El anterior propietario del inmueble, Alfonso Quiroga, dueño de Construcciones y Promociones JA Díaz, SL, había vendido el 19 de mayo de 2004 los terrenos donde se edificó (a pesar de los informes en contra) la urbanización de O Garañón al empresario que declaró esta semana, Ricardo Iglesias. El 31 de diciembre de 2005, fin de año y sábado, Orozco convocó por sorpresa una junta de gobierno en la que se aprobó definitivamente el convenio entre el consistorio y Ricardo Iglesias para la urbanización. Por si fuera poco, un día después entraba en vigor la ley 15/2004 de reforma de la LOUGA (Ley de Ordenación Urbanística de Galicia).
Una factura emitida con cinco años de retraso
La investigación también recoge que Gómez Besteiro se otorgó supuestamente después licencia de obra menor para hacer reformas en su piso aunque bajo el nombre del anterior dueño. El precio de reforma, según la solicitud de licencia, fue de 9.000 euros, pero el real, según el juzgado, fue de 52.000. Las tasas, con esta maniobra muy inferiores, también se pagaron en nombre del anterior propietario, pero él, según declaró, no recuerda haber solicitado obras de acondicionamiento. Estos trabajos los llevó a cabo una empresa que aparecía ya citada en las declaraciones de la trama Carioca, Construcciones Pedrouzo, pero no se realizó factura hasta cinco años después, en octubre 2010, a nombre de la esposa de Besteiro, cuando el propietario de la empresa ya era investigado por la juez De Lara. Cuando era edil de Urbanismo, Besteiro "habría estado defraudando al propio Ayuntamiento del que formaba parte", dijeron hace unas semanas fuentes relacionadas con la investigación a este diario. La magistrada va más allá y sospecha que las obras por 52.000 euros fueron en realidad un "regalo" al político. La esposa de Besteiro, citada para declarar la semana pasada, se negó a dar su testimonio acerca de la factura que aparece con su nombre y sobre las circunstancias de la adquisición de su piso, acogiéndose a su derecho de no declarar para no perjudicar a un familiar directo.
No obstante, la factura aparece pagada con cargo a una cuenta de Besteiro en la misma fecha de 2010. "En el mejor de los casos", indica la magistrada en el auto, "de ser ciertos los pagos efectuados, cuestión que habrá de investigarse, se podría hablar de un trato de favor por parte de Construcciones Pedrouzo al señor Gómez Besteiro, toda vez que no es habitual que una empresa espere cinco años en cobrar unas obras". Podría tratarse de un "documento ficticio", añade, al "estar en marcha la investigación", pero lo más "llamativo" es que "el abono no conste como es obligatorio en la contabilidad" de la empresa. En la licencia de obra solicitada al Ayuntamiento figura como peticionario el anterior dueño de la casa y al mismo tiempo expropietario de los terrenos de O Garañón. Y el documento que da permiso para la reforma está firmado por el que era concejal de Urbanismo en ese momento, Besteiro, que según el contrato de compraventa ya era titular de la vivienda.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
