Cifuentes hace una defensa férrea de su consejero de Medio Ambiente

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, hizo ayer una férrea defensa de su consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, al que el constructor y supuesto cabecilla de la trama Púnica, David Marjaliza, acusó de estar metido en la red. Cifuentes aseguró que la palabra de “este presunto delincuente” no vale tanto como la de un consejero de la Comunidad de Madrid: “Confío absolutamente en Jaime”, concluyó. La responsable del Ejecutivo regional anunció, además, que su departamento se presentará como acusación particular en el proceso judicial, ya que a la vista de los datos publicados hasta el momento ha habido un daño patrimonial contra los madrileños.

Cristina Cifuentes intervino ayer en un almuerzo organizado por el Foro Abc-Deloitte en el Casino de Madrid. En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, David Marjaliza acusó a González Taboada de haber participado en la red de la Púnica. El consejero de Medio Ambiente acudió a la fiscalía y denunció al constructor por los delitos de injurias y calumnias contra un funcionario público en el ejercicio de su servicio. Antes que consejero, González Taboada fue director general de Administración Local.

La presidenta regional, además de defender a su consejero, criticó la actitud de Marjaliza: “No podemos creer a un presunto delincuente de cuyas andanzas nos estamos enterando ahora. Durante el último año, Taboada no aparece y en el momento que es nombrado consejero, le acusa”. “El consejero ha prestado un servicio intachable a la Comunidad de Madrid”, añadió. Eso sí, también puso ciertas precauciones: “Si en algún momento se demuestra que ha tenido participación en cualquier asunto de corrupción, tendrá que asumir sus consecuencias”.

La titular del Ejecutivo regional aseguró que se sentía “abochornada y con mucha vergüenza” con todo lo que está saliendo de la Operación Púnica y la supuesta implicación del PP en la misma. “Es lamentable ver cómo se han aprovechado de su militancia política para hacerse con el dinero público y que estaba al servicio de los ciudadanos”.

La Comunidad de Madrid se personará como acusación particular para “defender los intereses de los madrileños y de la Administración regional”. La razón que argumentó ayer Cristina Cifuentes es que, de los datos conocidos hasta el momento, “de los presuntos delitos cometidos podría derivarse perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid”. “Ha habido unos perjudicados, los madrileños, lo que nos habilita para presentarnos como acusación particular. Existen indicios para participar en el proceso”, apostilló.

La presidenta también aseguró que iba a ser implacable con la corrupción. “Aunque pertenezca al pasado, y aunque el mío sea un Gobierno nuevo, tengo muy claro qué se puede hacer y qué es inadmisible tolerar”, apostilló. También pidió a la justicia que sea “rápida, eficaz y precisa” para que las sospechas se confirmen o desaparezcan.

En su intervención, Cifuentes también tuvo ocasión de atacar a la gestión del Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena. Se refirió a la página Versión Original abierta por el Consistorio: “Si algunas Administraciones quieren controlar y censurar a los medios de comunicación, nosotros defendemos la libertad de prensa”.

También recordó que pretende bajar un 1% el tramo autonómico del IRPF en los dos primeros años de legislatura y reducir el impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos. “Mientras otros se resisten a bajar los impuestos, el Partido Popular lo apoya”, afirmó en referencia a Carmena. Llegó a calificar su gobierno municipal de “auténtico caos” y de perderse en debates internos mientras “la ciudad está cada vez más sucia y peor gestionada”. “Donde algunos se arrogan la representación de la gente, excluyendo a sectores enteros de la población, nosotros aspiramos a identificarnos con todos, a gobernar con todos”, concluyó.

También tuvo unas palabras contra la independencia de Cataluña: “Estoy segura de que la democracia española garantizará que ningún proyecto de ruptura social, territorial o ideológica se imponga a la ley al Estado de derecho”.