ERC no firma un pacto de la izquierda por la renta garantizada tras el 27-S

Todas las fuerzas de la izquierda, excepto ERC, suscribieron ayer una declaración por la que se comprometen a que ley de Renta Garantizada y de Ciudadanía sea la primera que se debata y apruebe el Parlament que surja de las elecciones del 27 de septiembre. Los republicanos aseguran que ellos también suscriben el contenido, pero que si ayer no firmaron es porque no se les invitó. Los promotores de la iniciativa, por el contrario, explican que no se ha de invitar a nadie y que Esquerra es un partido que ha mostrado serias discrepancias con el proyecto de ley que está en el Parlament.

Desde el PSC a la CUP, pasando por Podemos, Iniciativa, Esquerra Unida, Procés Constituent o Barcelona en Comú, los firmantes aseguran que se pretende asegurar unos mínimos vitales a la ciudadanía para que puedan desarrollar una vida digna. Se trata, dicen, de “impedir la utilización de la pobreza para mantener cautivas a las personas vulnerables a través de redes clientelares que administran la beneficencia con la opacidad y arbitrariedad”.

La ley de renta garantizada que impulsan los partidos nació a través de una iniciativa legislativa popular hace ahora cuatro años, cuando el Gobierno de CiU, apoyado entonces por el PP, aplicó un tremendo recorte a la renta mínima de inserción vigente en Cataluña. Decenas de miles de personas quedaron excluidas de una prestación que les ayuda a subsistir.

Los promotores de la ILP recogieron 121.191 firmas y se presentó en el Pleno del Parlament el 26 de marzo de 2014 por la vía de urgencia. Sin embargo, nunca llegó a ser debatida en el Pleno por acuerdo entre CiU y Esquerra Republicana, que ahora se descuelga de ese compromiso para después de las elecciones del 27 de septiembre.

Oriol Amorós, el diputado de Esquerra que estuvo en la comisión que tramitó la ILP, explicó ayer que el compromiso de su partido con la renta garantizada está fuera de duda. “Si nos hubieran invitado a firmar el pacto lo habríamos hecho”, dijo. Los impulsores de la ILP, por el contrario, acusan a los republicanos de no haber mostrado ningún interés por la iniciativa. “Que digan que la suscriben y nos los creeremos”, explicaron las mismas fuentes.

Por su parte, Amorós, recordó que la lista independentista lleva la renta garantizada en su programa electoral como una de las 12 prioridades sociales, aunque la verdad es que el gobierno de CiU ha venido retrasando continuamente su puesta en marcha, con el apoyo de ERC. Amorós lo atribuye a la larga relación de expertos que desfilaron por el Parlament en la tramitación de la ILP y que fue él quien advirtió de esos riesgos.

“Presentaremos enmiendas a la ILP igual que el resto de partido, porque tal y como está ahora es inasumible, pues supondría un gasto anual de 3.700 millones de euros”, apostilló Amorós.

Los impulsores de la ILP tienen otra visión muy distinta. “Pese a su carácter de extrema urgencia social y tramitarse en el Parlamento por la vía de urgenica, la oposición de la mayoría parlamentaria —CiU y ERC— a esta propuesta de ley ha logrado con diferentes tácticas dilatorias impedir a lo largo de estos 15 meses que sea aprobada antes de finalizar la presente legislatura”, dice la declaración titulada “Una Cataluña sin pobreza es urgente, posible y necesaria”.

La Generalitat ha anunciado en diversas ocasiones que aumentaría las actuales prestaciones de la renta mínima de inserción, pero las entidades del tercer sector denuncian que eso nunca ocurrió y que las consecuencias sobre miles y miles de personas han sido evidentes. "Ha prevalecido su política de ajuste y austeridad, el rescate de los ricos y poderosos a costa del empobrecimiento de la mayoría", asegura la declaración firmada ayer.