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El Ayuntamiento se plantea un referéndum sobre el edificio España

El Colegio de Arquitectos pide un referéndum sobre la petición del dueño de demolerlo

El grupo chino Dalian Wanda ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid permiso para desmontar entero el edificio España, en la plaza homónima, y rehacerlo luego piedra a piedra. La Comisión Local de Patrimonio Histórico dio su visto bueno en 2014 a la rehabilitación del inmueble, pero ordenó mantener la fachada. Wanda ve ahora “inviable” la obra por motivos de seguridad, y por ello solicita tirar el edificio y reconstruirlo, tal y como adelantó ayer EL PAÍS. Pero el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ha pedido al Ayuntamiento que someta esa decisión a una consulta entre la ciudadanía, y el gobierno de Manuela Carmena ha acogido favorablemente la idea y es partidario de convocar ese referéndum sobre el futuro del edificio.

Wanda compró el edificio España en julio de 2014 al Banco Santander por 265 millones de euros. El grupo chino lo dirige Wang Jianlin, 29ª fortuna mundial según la revista Forbes con 31.200 millones de euros; posee más de 200 hoteles y centros comerciales de lujo en todo el mundo.

Una obra “inviable”

  • 265 millones. Wanda compró el edificio España en julio de 2014 al Banco de Santander por 265 millones de euros.
  • Rebaja de la protección. El Ayuntamiento permitió en diciembre la demolición parcial del inmueble, pero con la condición de mantener las fachadas y los alzados laterales.
  • Obra imposible. Wanda ha pedido permiso al Ayuntamiento para desmontar el edificio entero y volverlo a levantar piedra a piedra porque ve “inviable” la demolición parcial manteniendo las fachadas intactas.
  • Consulta ciudadana. El Colegio Oficial de Arquitectos cree que el Ayuntamiento debería consultar a los madrileños, y el gobierno municipal es partida<CJ4>rio de convocar ese referéndum.

El Banco Santander había adquirido el edificio en junio de 2005 con el propósito de rehabilitarlo y convertirlo en hotel, centro comercial y viviendas de lujo. Para ello, solicitó a la Comisión Local de Patrimonio Histórico —integrada por el Gobierno regional y el Ayuntamiento— una rebaja de su protección. Obtuvo el visto bueno para “la puesta en valor de un edificio muy degradado en los últimos años debido a su inactividad”, pero con la condición de mantener la fachada y los alzados laterales. El Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP, rebajó así en diciembre de 2014 el blindaje del inmueble de nivel 2 estructural a nivel 3 parcial, posibilitando parte de su demolición.

Pero Wanda considera ahora “inviable” esa obra: “De acuerdo con los expertos de reconocido prestigio y solvencia profesional consultados, la consolidación de la fachada es inviable en condiciones de seguridad. No existen referencias anteriores ni experiencias similares de mantenimiento de una estructura de esta altura y dimensiones, que además carece de capacidad portante”. “Por el contrario”, añade el grupo chino, “sí es posible su desmontaje y posterior reconstrucción, preservando su imagen y valor paisajístico, algo de lo que sí existen precedentes y experiencias previas validadas en la cultura arquitectónica y de protección del patrimonio”.

Debería ser el Ayuntamiento quien tomara en primera instancia esa decisión, que tendría que ser confirmada o enmendada por la Comisión Local de Patrimonio Histórico (en la que tiene mayoría el Gobierno regional). Pero el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, José María Ezquiaga, cree que el Ayuntamiento debería convocar una consulta ciudadana para que sean los madrileños quienes decidan. Y el Ayuntamiento de Madrid, tras las conversaciones al respecto del concejal de Urbanismo, José María Calvo, y la alcaldesa, Manuela Carmena, se muestra “partidario” de realizar esa consulta y “ve favorablemente” su convocatoria.

En juego estaría decidir sobre el futuro de un edificio que lleva tiempo sin uso y está muy deteriorado —contribuyendo además al menoscabo de la plaza que preside—, pero cuyo plan de rehabilitación pasa por desmontarlo y rehacerlo con nuevos materiales.

El edificio España, con su fachada principal a la plaza homónima y, de fondo, la Gran Vía. ampliar foto
El edificio España, con su fachada principal a la plaza homónima y, de fondo, la Gran Vía.

El edificio España se construyó entre 1948 y 1953 a las órdenes de Julián y José María Otamendi. Según Wanda, se hizo en una época “en la que no había materiales de calidad, y por ello su vida útil está acercándose al final, pese a las actuaciones de preservación a lo largo de los años. Requiere de soluciones que aseguren su durabilidad a largo plazo y que cumplan con los criterios exigidos hoy en materia de edificación”.

Ahora Madrid apuesta por los referéndums de asuntos públicos

Ahora Madrid apostaba en su programa electoral por “debatir cuestiones que afecten a la gestión de los asuntos públicos a través de espacios ciudadanos de participación y decidir a través de consultas”.

El concejal de Participación Ciudadana, Pablo Soto, explicó el viernes que esas consultas serán “vinculantes” en las cuestiones que dependan del gobierno. Si requieren de la aprobación del pleno, serán PSOE, PP y Ciudadanos quienes decidan con su voto.

La iniciativa de la consulta podrá provenir de la ciudadanía, de asociaciones o colectivos profesionales o incluso del propio gobierno local.

Si alcanza un determinado umbral de apoyo popular, el Ayuntamiento pondrá en marcha un equipo de expertos para adecuar la iniciativa a la legalidad vigente y luego someterla a votación popular.

Soto ha planteado de forma preliminar que ese nivel mínimo de apoyo sea el 1% del padrón de mayores de edad.

“Es un edificio moderno que se construye en efecto en un momento difícil en el que hay muy poco acero. Y la fachada no es un elemento estructural, resistente: el edificio soporta la fachada y no al revés, como en otros inmuebles históricos de Madrid. La fachada no tiene autonomía, en eso puede tener razón Wanda”, admite el decano de los arquitectos.

“Pero el debate principal es si debe suprimirse el edificio, si los madrileños tienen o no un vínculo afectivo con el edificio que haga aconsejable su conservación”, añade Ezquiaga. En ese caso, “el edificio debería mantenerse en el mayor grado posible, sin falsificar la historia haciendo que parezca antiguo siendo moderno”. Es decir, no debería reconstruirse.

“Tenemos un edificio que no es histórico, no tiene un valor intrínseco derivado de su antigüedad. Y arquitectónicamente tampoco es excepcional. Pero su imagen es lo suficientemente significativa como para que los madrileños puedan considerar que forma parte de su memoria y quieran conservarlo”, explica el decano. “Los arquitectos tenemos que aprender que parte del patrimonio consiste en salvaguardar la memoria, mantener un vínculo afectivo con el pasado, con las generaciones precedentes. La pregunta no es si se puede tirar la fachada, sino si los madrileños se sienten vinculados al edificio, si forma parte de su memoria, si es un icono de Madrid”, añade Ezquiaga.

“Yo no me quedaría tranquilo sin un debate público, no es un tema privado que puedan decidir el Ayuntamiento y el promotor, es una cuestión pública entre los madrileños y su ciudad. Los ciudadanos deben pronunciarse sobre cuánto quieren de su pasado y cuánto quieren de nuevo”, concluye el decano. Y el gobierno municipal está de acuerdo con él.

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