La detención de un notario arroja luz sobre la estafa de Zona Franca

Para las familias de Zona Franca que perdieron sus pisos víctimas de una estafa, la detención de Enrique Peña ha sido una bendición. Peña, notario barcelonés, fue arrestado la semana pasada junto a una decena de personas más por participar en una trama que engañó a medio centenar de ancianos con préstamos hipotecarios en toda Cataluña. Casi la mitad acabaron desahuciados. De esta investigación, que está bajo secreto de sumario, se conocen pocos detalles. Pero la implicación de Peña puede dar un giro a la lucha de los vecinos de Zona Franca que llevan años de lucha para recuperar sus viviendas: el notario intervino en al menos una decena de las escrituras firmadas por los afectados entre 2006 y 2009. Ahora le exigen responsabilidades.

Peña ha salido ileso de la causa judicial de Zona Franca y solo está prevista su declaración como testigo. El juicio, que se celebrará en octubre, sentará en el banquillo a la presunta estafadora María Navarro. La mujer afronta una petición de nueve años de cárcel por apoderarse de 1,7 millones de euros de una docena de familias del barrio. El fiscal pide otros tres para su expareja, José Fernández, por ayudarla. Son los dos únicos acusados en una investigación que no pudo ir más allá, pese a que los afectados han descubierto que en casi todos los casos se repiten los mismos nombres, tanto particulares como de empresas.

“Hemos echado en falta que no se investigara al notario ni a los responsables de las empresas prestatarias”, reflexiona Anaïs Franquesa, que defiende los intereses de un grupo de afectados de Zona Franca. “Era alarmante”, añade, “ver cómo en las operaciones se repetía el mismo modus operandi y les escrituras se protocolizaban en la notaría de Enrique Peña”.

Franquesa y el resto de abogados están interesados en conocer qué se cuece ahora en la operación Cocoon, lanzada la semana pasada por los Mossos. La policía detuvo a diez personas, incluidos el notario, el abogado Francisco Cómitre, un falsificador de documentos, testaferros y dos oficiales de notaría. Los letrados confían en conectar, de alguna forma, las dos causas. Eso daría a sus clientes más posibilidades de recuperar lo perdido, ya que Navarro (con antecedentes por apropiación indebida) era solo el “gancho” de las estafas: las deudas están contraídas con empresas. También está interesado en la investigación el Colegio de Notarios, que prevé personarse como acusación en la causa contra Peña.

El notario barcelonés es el nexo común de las dos macroestafas. Ambas guardan numerosos puntos en común, que los Mossos aún no han explorado. Aunque en la causa de Zona Franca no pudo probarse que Peña actuara de mala fe, la policía cree que, esta vez, ha obtenido suficientes indicios. Es sospechoso, de entrada, que su notaría participara en escrituras de lugares tan distantes como Blanes, Vilanova, Sant Adrià o Vielha.

 “Me quedé sin propiedad”

Mónica Fernández, de 37 años, es una de las afectadas de Zona Franca. Recuerda vagamente su paso por la notaría de Peña. “Pasé allí cinco minutos. Nadie me leyó nada. Firmé y ya está. Fui todo tan rápido que ni me enteré”. Lo que rubricó sin darse cuenta era un préstamo de 200.000 euros a devolver en tres meses. Naturalmente, no pudo pagarlo y, en abril de 2014, fue desahuciada.

Lo que Mónica quería era un “crédito puente” de apenas 30.000 euros: había heredado un piso de su padre en Sant Boi y quería reformarlo. Contactó con Navarro porque era “una persona de confianza” y le propuso poner su piso como garantía a cambio del préstamo. Cuando le asediaron los prestamistas, se desentendió. “Me quedé sin propiedad y con una deuda pendiente de 90.000 euros”.

Para no quedarse en la calle, Mónica —que trabaja en el mercado del pescado de Mercabarna— reventó la cerradura y entró en la casa familiar. “Estoy de ocupa en mi propia casa”, dice con una mezcla de resignación e ironía. “Esperas que un notario sea neutral... No estuve alerta…”, afirma Mónica, que como el resto de afectados guarda cierto sentimiento de culpa.

Irene Sánchez también necesitaba dinero para cancelar una hipoteca. Conocía a Navarro porque sus hijos iban juntos al colegio. Ésta le sugirió que su madre pidiera el préstamo porque tenía un piso libre de cargas que podía poner como garantía. La mujer acabó firmando un papel que le obligaba a devolver 138.000 euros en seis meses. “¿Qué persona firma eso sabiéndolo? ¿Estamos locos o qué?” A su madre, a ella y a los tres hijos menores les desahuciaron. La escritura de constitución de la hipoteca se firmó, en 2007, “ante el notario de Barcelona Enrique Peña”.