El día después

Fue Carl Schmitt el que nos advirtió de la pervivencia de lo teológico en la política, por muy secularizada que esté. La nueva razón trascendental que guía a los gobernantes y ejerce poder normativo sobre el comportamiento de los ciudadanos responde al eufémico nombre de "los mercados". Bajo esta tutela, tan inefable como cualquiera de los dioses pasados, el campo de lo posible se restringe considerablemente en nuestras democracias. En esta evolución hacia el autoritarismo posdemocrático, las categorías tradicionales se transforman con suma facilidad. La ley se entendía como garantía del funcionamiento democrático, ahora es la barrera que se levanta frente a cualquier pretensión democrática de ampliar o hacer evolucionar el campo de juego. Hasta el punto de que vuelve una expresión que tiene una sonoridad que, en este país, todavía pone los pelos de punta: el imperio de la ley. Cada vez que alguien apela a la soberanía popular para promover reformas que afecten al reparto del poder, se nos recuerda que toda soberanía ha de ser limitada y sometida al control externo de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Lástima que este recordatorio no se active cuando los que pretenden actuar como soberanos son el dios mercado u organizaciones sin legitimidad democrática alguna, como el FMI, que reparten instrucciones e imponen deberes con toda impunidad.

Para que el escenario cambie realmente, a partir de una participación alta, es necesario que el independentismo alcance una mayoría absoluta no sólo en escaños sino también en voto

Hemos vivido el despliegue de las políticas de austeridad, en una especie de estado de excepción presidido por el antidemocrático principio de que no hay alternativa, sobre la base de una alianza entre gobiernos y organizaciones contramayoritarias. Ahora, entramos en una nueva fase del proceso soberanista catalán y vuelve el discurso del imperio de la ley. Una vez más, Rajoy se niega a reconocer la existencia de un problema político y a afrontarlo como tal, y opta por judicializarlo, trasladando a los tribunales responsabilidades que son del Gobierno, con el consiguiente deterioro de las instituciones y del principio de separación de poderes. Es asombroso que un presidente de Gobierno renuncie a presentar una propuesta política para ganarse el voto de los catalanes. Su única palabra es el anatema: “No va a haber independencia”. ¿Hay que atender que España no tiene nada que ofrecer a Cataluña?

La lista única es un éxito de Artur Mas que se ha adueñado del laberinto y ha atrapado a Esquerra en él. El presidente consigue garantizarse la reelección; neutraliza a los republicanos, liquidando cualquier hipótesis de Gobierno amplio de izquierdas; evita que se contabilice el presumible descenso electoral de Convergència y que se evalúe su gestión de Gobierno; e incluso socializa la frustración si los resultados no fueran los esperados. El 27-S girará en torno a una coalición de Convergència-Esquerra, reforzada con líderes de las organizaciones civiles independentistas y con la guinda de Romeva, que proviene de la izquierda social. La suma de este bloque más la CUP, voto de reserva de ciertos electores de izquierdas cuya religión no les permite votar una lista con Artur Mas, dará la medida de la fuerza electoral del independentismo. Y el día después, quiérase o no, las elecciones se analizaran en clave plebiscitaria: si el independentismo ha ganado o ha perdido.

De modo que la verdadera cuestión política es: ¿qué se entiende por victoria del independentismo? No me parece arriesgado pronosticar que la lista unitaria sacará votos suficientes para gobernar, en la medida que no hay mayoría alternativa posible. Pero, a nadie se le escapa que esto no sería suficiente para que una declaración de independencia tuviese alguna mínima consecuencia efectiva. Para que el escenario cambie realmente, a partir de una participación alta, que parece fuera de duda por la importancia del envite, es necesario que el independentismo alcance una mayoría absoluta no sólo en escaños sino también en votos. Sería la expresión de una realidad imposible de no reconocer por las instituciones españolas. Y debería abrir un tiempo de verdadera negociación política. Si no es así, si el independentismo no va más allá de la mayoría justa para gobernar, me temo que seguiremos dónde estamos, en el pantano, enfangados sin avanzar en dirección alguna, pero con más barro que nunca. Con el Gobierno español empeñado en negarse a reconocer el problema. Y a la espera de lo que puedan deparar las elecciones españolas.